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jueves, febrero 01, 2007 

Militares en política: una antigua tradición

La visión del historiador norteamericano William Sater, cuando se cumplieron 30 años del golpe militar. El análisis de Sater mira estos hechos en el contexto más amplio de la larga historia del Chile republicano. Este texto fue publicado en El Mercurio, en 31 de Agosto de 2003:


Para quienes vivimos en Chile durante los años 1970 a 1973, el golpe que derrocó al Presidente Allende no fue algo inesperado. Empleando a menudo métodos ilegales para alcanzar sus metas como la utilización de un decreto, promulgado por la república socialista dictatorial de 1933, y paros fomentados por el gobierno con el pretexto de apoderarse de las empresas, el bien intencionado Allende violó el espíritu de la Constitución de 1925 que le otorgara el poder. Peor aún, los socios más revolucionarios de la coalición de Allende, liderados por militantes como Carlos Altamirano, complicaron las cosas haciendo tomas en proyectos de viviendas sin terminar o propiedades urbanas desocupadas en las que erigieron "campamentos". Bandas de campesinos al mando de miristas ocuparon incluso aquellos fundos que la reforma agraria había eximido de ser expropiados. Las quejas de sus legítimos dueños carecían de importancia: el Ministro del Interior de Allende les había prohibido a los carabineros expulsar a los intrusos de las fábricas, campos o propiedades.

Eventualmente, la política económica de Allende que consistía en aumentar los salarios, limitando a la vez los precios, junto con un paulatino deterioro en la producción agrícola e industrial, desató una inflación que luego dio paso al mercado negro. En un intento por mantener la ilusión de prosperidad, Allende despilfarró las reservas de moneda extranjera para comprar bienes de consumo y alimentos. Al mismo tiempo, imprimió mayor circulante, acelerando con ello el ciclo inflacionario que finalmente alcanzó un mil por ciento. A medida que la economía se estancaba, tanto el clima político como la retórica se volvieron tóxicos. En las caricaturas del periódico "Puro Chile" y en la televisión nacional hizo su aparición un lenguaje vulgar y violento: un diario llamó a los jueces de la Corte Suprema "viejos de mierda"; las amenazas en los discursos políticos se convirtieron en el pan de cada día. Un intenso partidismo dividió a las familias y terminó con amistades que habían durado décadas; violentas consignas políticas reemplazaron a la conversación y la gente luchaba en las calles y en los patios de colegios.

Al no obtener una mayoría de dos tercios en las elecciones parlamentarias de 1973, la oposición se vio obligada a aceptar el resultado, cuya validez fue cuestionada por algunos, y a tolerar tres años más de caos, o a rebelarse. Ciertamente, muchos, incluyendo varios democratacristianos, creyeron tener razones válidas para derrocar al gobierno: el terrorismo se había multiplicado; la violencia política se había disparado; el edecán naval de Allende, Arturo Araya, fue asesinado, en tanto extremistas de izquierda ultimaron al teniente naval, Héctor Lacrampette. Los militares debieron enfrentarse a una resistencia armada, que adquiría cada día mayor poder, cuando, al tratar de hacer cumplir una nueva ley de control de armas, intentaron desarmar los cordones industriales, donde los militantes ocultaban armas.

Las fuerzas armadas se fueron convirtiendo paulatinamente en objeto de sorna. La clase media, de la cual provenía la mayor parte de los oficiales, se volvió contra sus hijos y hermanos por apoyar a un régimen que ellos consideraban como un régimen de bandidos. Ominosamente, empezó a verse la palabra "Jakarta" en las calles de Santiago, un obvio llamado para que los militares imitaran el golpe anticomunista del ejército indonesio en 1965. Al mismo tiempo, la extrema izquierda intentó sobornar a los reclutas de las fuerzas armadas, incitándolos a desobedecer a sus oficiales. El intento fallido de los miristas de fomentar un amotinamiento en la Marina, que fue públicamente apoyado por Altamirano, como asimismo la demanda de la creación de un "poder popular y paralelo", galvanizó a los militares: el 11 de septiembre, temiendo que una guerra de clases se apoderara del país, las fuerzas armadas se rebelaron. Allende, que deseaba fervientemente conseguir la justicia social para los sectores menos privilegiados, pereció, como también lo hicieron cincuenta años de democracia.

Un proceso que continúa

En lugar de describir al golpe de 1973 como algo totalmente ajeno a la historia chilena, tal vez debamos considerarlo como parte de un proceso dialéctico que aún continúa. Desde su independencia, Chile había probado diversos experimentos políticos: jugueteó con el federalismo antes de que los vencedores de la guerra civil de los años 1830 impusieran la Constitución fuertemente centralista de 1833. Eventualmente, las élites políticas se cansaron de vivir bajo un todopoderoso presidente, que era considerado por algunos como una versión más moderna de un Capitán General. Ansiosas por participar en la toma de decisiones, sobre todo cuando se trataba de otorgar favores políticos, las élites chilenas apoyaron a su propia "fronda aristocrática". Y, gracias a la posterior revolución de 1891, el sitial del poder cambió de manos del presidente a las de la legislatura. Desgraciadamente, el fraude generalizado en las elecciones, la incapacidad de redistribuir los distritos y el sistema D'Hondt de representación proporcional se aliaron progresivamente para socavar la habilidad del sistema político, precisamente cuando era más necesario enfrentarse a problemas muy urgentes que se agruparon bajo el nombre de "la cuestión social". Descontentos porque una minoría política estaba coartando las tan necesarias reformas sociales y económicas, un grupo de oficiales se rebeló en 1923 y nuevamente en 1924. Estos golpes de Estado pusieron fin al régimen parlamentario y a la bastarda Constitución de 1833, siendo reemplazados por la Constitución de 1925, una presidencia fuerte y un Estado con el poder suficiente como para involucrarse en el desarrollo económico del país. Sin embargo, gracias a Carlos Ibáñez, la Constitución continuó siendo letra muerta: en lugar de ello, "la mula", como lo apodaron sus compañeros de la Escuela Militar, se empeñó en perseguir a la izquierda, neutralizar a los políticos y convertir a la legislatura en una estéril sociedad de debates. Transcurrieron siete años hasta que Arturo Alessandri comenzó de hecho a gobernar en algunas ocasiones en conformidad con la nueva Constitución.

Los chilenos probaron diversas panaceas políticas durante las siguientes décadas: desde 1938 hasta 1952 gobernaron los mediocres miembros del Partido Radical. Legítimamente descontenta con los representantes de dicho partido, la nación se volvió hacia la derecha, apoyando a dos hombres supuestamente apolíticos, Ibáñez y Jorge Alessandri. Cuando ellos a su vez fracasaron, en 1964, los chilenos se inclinaron por una democracia cristiana remodelada. Aunque Frei intentó honestamente solucionar las necesidades económicas del país- fue él, y no Allende, quien introdujo la reforma agraria y comenzó a nacionalizar las minas de cobre- , no pudo llevar a cabo su propia agenda. Si Tomic no hubiera participado en la carrera presidencial de 1970, los chilenos habrían repetido su patrón histórico de avanzar dos pasos para retroceder uno: virando a la derecha, habrían reelecto a Alessandri.

Después de un estrecho triunfo, Allende se lanzó de inmediato a realizar una retahíla de cambios radicales que desorganizaron al país. Eventualmente, los chilenos sufrieron tanto con la falta de orden y la amenaza a la estabilidad que, al igual que sus antepasados en los años 1920, apoyaron el golpe militar. En resumidas cuentas, al consentir la rebelión de 1973, los chilenos volvían a repetir lo que habían hecho en 1924 y 1891.

Sin embargo, algunos consideraban que la decisión de los militares chilenos de mantenerse en el poder era inusual. No lo era: oficiales del ejército lideraron a Chile durante las tres primeras décadas de la independencia. También hubo oficiales en el cuerpo legislativo y otros que ocuparon importantes cargos en la administración civil. No contentos con ello, algunos buscaron cargos más altos. Aunque Manuel Baquedano no logró llegar a la presidencia en 1882, el almirante Montt gobernó a Chile tras la guerra civil de 1891, e Ibáñez hizo lo mismo tras las revoluciones de 1923 y 1924. En resumen, los militares tenían un largo historial de participación en el gobierno, incluso antes de que Allende los hubiera invitado a formar parte de su gabinete. Pero la cercanía con los políticos civiles no logró despertar las simpatías de las fuerzas armadas: al igual que en los años 20, muchos militares no sólo detestaron a la izquierda, sino también al sistema político liberal que había permitido que un Allende subiera al poder. Como Ibáñez en 1927, ellos no repetirían lo que consideraban como su error del pasado: salvar al gobierno para luego volver pasivamente a sus cuarteles; ellos también se quedarían.

Post-1973

El régimen militar no comenzó de un modo auspicioso. Creyendo sin duda que el gobierno de Allende y sus seguidores representaban una amenaza real, tanto para ellas como para la nación, las fuerzas armadas arrestaron, encarcelaron y, en algunos casos, dieron muerte a sus opositores. No podemos presentar esta represión bajo colores halagüeños: murieron alrededor de 3.000 personas, principalmente durante los primeros meses tras el golpe de 1973. La junta además abolió los partidos de izquierda y obligó a otros a suspender sus actividades. Para un país en el que la política rivaliza con el fútbol como pasatiempo, los años post-1973 fueron una especie de desierto. (Fue similar el período entre 1927 y 1931). Aunque el ritmo de las represalias disminuyó de manera drástica periódicamente desaparecían disidentes o, si se los encontraba, se descubría que habían sido asesinados; otros chilenos optaron por huir. Como lo pudieron comprobar dolorosamente Orlando Letelier, el general Carlos Prats y la familia Leighton, el exilio no confería inmunidad ante un ataque.

Al cumplirse el trigésimo aniversario del golpe, esta represión no sólo nos parece brutal, sino que, en cierto sentido, muy poco chilena. A pesar de ello, la nación ha presenciado otros actos de brutalidad como los de Santa María de Iquique. Y ni Ibáñez ni González Videla dudaron en usar la fuerza cuando se enfrentaron a lo que ellos percibían como amenazas a la seguridad pública, si bien ninguno de ellos lo hizo en tan gran escala y durante un período tan largo. Pero la combinación de la violencia callejera y terrorismo previos al golpe, junto con diversos crímenes políticos, convencieron a muchos chilenos de que debían tomarse en serio las amenazas de la izquierda. Convencidos de que estaban librando una guerra sin cuartel contra un enemigo implacable, quienes apoyaban a la junta respondieron del mismo modo. Sólo esta explicación puede racionalizar por qué hombres habitualmente decentes pudieron comportarse posteriormente de una manera tan despiadada.

Afortunadamente, el país se tranquilizó. Casualmente, no muy distinto a lo que sucedió en Chile a fines de los años 20 y comienzos de los 30, transcurrirían siete años antes de que se restaurara el gobierno constitucional: en 1980, los chilenos aprobaron una nueva Constitución que se convirtió en ley ese mismo año. Este documento compartía algunas de las características de su predecesor inmediato: continuaba basándose en un sistema de controles y contrapesos, manteniendo el sistema Presidencial. Pero esperando claramente limitar la autoridad del Presidente, este nuevo documento le concedió un poder desproporcionado a la legislatura. El Senado, por ejemplo, contaba con miembros designados que podían, si así lo deseaban, vetar las reformas. Habiéndose asegurado un cierto nivel de auspicio económico, los militares se convirtieron en los "garantes del orden institucional de la república", esencialmente, una cuarta rama de gobierno que podía intervenir en el proceso político si lo consideraba necesario.

La Constitución de 1980 creó otro freno interno para el poder presidencial: el Consejo de Seguridad Nacional, compuesto principalmente por funcionarios no electos, que tiene aparentemente el derecho a rechazar las decisiones del Presidente si comprometen a la seguridad nacional. La nueva Constitución limitó además el poder del ejecutivo, obligando al gobierno central a transferir ciertas funciones a políticos municipales electos por el pueblo; asimismo redujo el poder del Presidente para designar a miembros de la administración. En otras palabras, las élites políticas intentaron asimilar la experiencia de los años de la Unidad Popular, creando así una nueva Constitución que, manteniendo el tradicional sistema presidencial, contara con dispositivos de seguridad para que otras ramas del gobierno impidieran que un futuro líder se convirtiera en un nuevo Allende.

Así como la nueva Constitución efectuaba cambios políticos radicales, también alteraba las políticas económicas consagradas en la Constitución de 1925 y posteriormente reforzadas por instituciones como la CORFO. A partir de entonces, Chile se convirtió en el ejemplo del neoliberalismo.

Curiosamente, el golpe y el nuevo gobierno militar que produjo envenenaron las relaciones diplomáticas de Chile con otros países. Estados Unidos y Gran Bretaña limitaron sus contactos con La Moneda; México, que convirtió al reconocimiento diplomático en la piedra angular de su política exterior, cerró su embajada en Santiago. Cuando se la compara con los excesos de la "guerra sucia" de Argentina, en la que murieron unas 30.000 personas, o el contraterrorismo de la guerra de Perú contra Sendero Luminoso, que asesinó entre 40 a 60.000 personas, la hostilidad mundial contra la represión del gobierno de Pinochet parece desproporcionada. Pero, para decirlo de un modo sencillo, Allende se había convertido en una figura mediática y su muerte heroica lo transformó en un mártir, no sólo a los ojos del bloque socialista, sino también a los de los intelectuales de Occidente.

El golpe de 1973 y la consiguiente Constitución de 1980 dejaron otros legados: obligaron a Chile a convertirse en una democracia bipartidista "de facto", alteraron la composición del espectro político y cambiaron el tenor del diálogo político. Si el país hubiera conservado el viejo sistema de representación proporcional, Chile bien podría haber caído nuevamente en el pantano de partidos políticos fragmentados y de alianzas temporales. En lugar de ello han aparecido dos coaliciones y tal vez gracias a ellas, los partidos chilenos podrán evitar caer en las trampas de un partidismo excesivo.

Una fase más

Así como la Guerra Civil y el subsiguiente régimen de Franco se convirtieron en un recuerdo obsesivo para España, el golpe de 1973 continúa afectando la vida de los chilenos. Habiendo experimentado dos extremos, la revolución institucionalizada y la represión institucionalizada, los regímenes que siguieron al golpe se han movido de una manera más cauta, pero inexorable, hacia una sociedad más abierta y también más humana. En cierto sentido, Chile está lentamente volviendo a un antiguo modelo de conducta: así como el cambio en la actitud pública moderó el sistema político establecido por la Constitución de 1833, el paso del tiempo, el deseo de reformas y un sentimiento de mayor confianza en la sabiduría de los chilenos modificará y le dará nueva forma a la Constitución de 1980. Durante este proceso, el país injertará las reformas radicales de Pinochet a las actuales instituciones chilenas y luego empleará la fusión de estos dos elementos dispares como base para conducir a la nación. Dentro de este contexto, tal vez podamos ver al golpe de 1973 como sólo una fase dentro del viaje evolutivo de Chile hacia la democracia y hacia una sociedad más humana.

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Datos del creador

  • Ignacio Muñoz Delaunoy
  • Oriundo de RM, Chile
  • Este blog fue creado para desarrollar un trabajo colaborativo con los alumnos del curso "Chile contemporáneo" de la universidad Finis Terrae.
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