sábado, octubre 29, 2005 

La lógica de los avestruces y el tiempo reciente

Por Ignacio Muñoz Delaunoy
Profesor de Chile Contemporáneo

Unos comentarios motivados por los alcances a que da lugar otra nota de este blog.

Los historiadores tienen una mala opinión de la historia ultracontemporánea, llamada también “historia del tiempo reciente”. Hay distintos tipos de motivos que explican esta indisposición colectiva que nos obliga a estudiar solamente procesos que han concluido, casos cerrados, juicios que ya no tienen apelación posterior. Dos de ellos son un poco más importantes.

Cuando un investigador estudia hechos cuyos protagonistas se encuentran vivos, se nos dice, quedan comprometidos intereses muy actuales. Es difícil, ciertamente, comportarse como jueces ecuánimes cuando se trata de describir procesos de cambio en los que uno participa. Juez y parte, podemos decir. ¿Cargo válido? En otro 'post' de este blog discuto esta idea. Lo que planteo allí es bien simple. Los observadores nunca somos neutrales frente a los hechos que describimos, siempre vemos los hemos bajo el tamiz de nuestra subjetividad individual. Ese principio vale para los sucesos vividos hace muy poco, lo mismo que para hechos muy remotos. Porque en ambos casos son precisamente esos elementos de subjetividad los que permiten discernir el sentido que se oculta detrás del dato; porque son esas pulsiones, anteriores a cualquier acto racional, las que enriquecen la escritura, ayudando a hacerla interesante para un público que mira la realidad que lo envuelve bajo bajo los colores que ofrece los principios, los gustos, las valencias emocionales que se han vuelto tradición, bajo distintos tipos de disfraces. Los prejuicios, los gustos, las posturas, ya vemos, son una fuente tan importante de conocimientos como la información misma. Para hacerse a una idea de lo que se está señalando bastaría imaginar un relato histórico que no ponderara nada, que no juzgara nada, que sólo expusiera la información. ¿Cómo sería ese relato? La verdad es que la concresión de esa intención de pureza ya existe: se llama guía de teléfonos.

El segundo cargo es más grave. La historia de lo contemporáneo no permite al observador mirar los hechos desde la perspectiva que ofrece la distancia. Esto plantea una limitación importante al trabajo de investigación y de escritura. El problema no tiene nada que ver con la cuestión de la ecuanimidad. La apreciación de los hechos recientes, hemos visto, no es menos 'objetiva’ que la de los hechos bien alejados, pero sin dudas resulta menos rica, por un motivo que identificó hace algunas décadas el filósofo norteamericano Arthur Danto.

Los historiadores hacen sentido de los procesos de cambio que estudian imponiendo simpre una especie de lógica regresiva: interpretan los hechos pasados por referencia a hechos futuros que conocen, a través de unos conectores que este filósofo llama “narrative sentences”. En sencillo, se trata de lo siguiente. Nosotros estudiamos procesos de cambio. Para interpretarlos hacemos un poco de trampa, porque vemos en qué terminó todo, y luego, cuando conocemos sus consecuencias, volvemos la vista atrás y reinterpretamos toda la evidencia a la luz de ese conocimiento anticipado. Un ejemplo aclaratorio. Si pudiéramos interrogar a cualquier santiaguino culto el día 19 de septiembre de 1810 sobre el sentido de los sucesos que se produjeron el día anterior, ¿qué respuesta obtendríamos? Nuestro encuestado diría que un grupo de santiaguinos de la ‘high society’ de la época se reunieron para formar un gobierno provisorio que funcionaría algunos días, hasta que el rey español fuera liberado por Napoleón. Nadie en sus casillas imaginaba (ni quería) que ese acontecimiento señalara el inicio de un proceso que conduciría a la disolución del imperio español, al derrumbe de la monarquía, etc. Nadie, por lo mismo, podría haber previsto lo que iba a pasar, ni podría haber sabido cuales eran los alcances reales de los hechos en los cuales estaban participando con la inocencia de quien es ciego frente al futuro. Porque una cosa es clara. Si esos personajes hubiesen sabido que ese día se estaba dando un primer pasito, que luego otro, y otro, hasta llegar el resultado que todos conocemos, seguro que habrían preferido quedarse en la casa.

Nosotros, como observadores de un proceso concluido, ya sabemos en que terminó todo. Conociendo el final, proyectamos hacia atrás, convirtiéndolo cada uno de los hechos que describimos en factores coadyuvantes para la concresión de ese final. De pronto, este acto inicial de fidelidad al rey y a la monarquía se vuelve el hito inicial de un proceso de cambio que llevó al rechazo del rey y de la monarquía.

El punto es este. Sabemos, gracias al trabajo de Danto, que esta manera de explicar e interpretar hechos estableciendo una conexión con hechos futuros, con desenlaces futuros, no comporta una infracción a la lógica significadora del historiador. Todo lo contrario. Esta manera de dar inteligibilidad a los hechos es la que resulta más características de nuestro enfoque de historiadores.

Pues bien, si es así, tenemos un problema. Porque el historiador de los fenómenos recientes no cuenta con la ventaja que tiene el que conoce el futuro, porque los hechos están muy encima, porque los momentos cruciales están en plena ejecución, sin que uno lo sepa (sin que uno pueda saber, realmente, que tal suceso es crucial). Eso impide construir interpretaciones profundas, sujetas a la lógica descrita. ¿Qué problema epistemológico plantea esta limitación? Uno muy importante. El historiador de procesos inconclusos tiene que meterse en este berenjenal usando recursos de inteligibilidad de otras especialidades que son mucho más hábiles para moverse en los horizontes temporales cortos.

Surge el problema de saber si al renunciar a significar los hechos con los recursos de inteligibilidad que son propios, y tomar esos recursos de campos vecinos, puede uno seguir con el delantal del historiador puesto, puede seguir considerando su trabajo, de todas maneras, un trabajo histórico, un trabajo de historiadores. ¿Es realmente historia la que refiere procesos que están en pleno desarrollo? ¿no será, más bien, una clase un poco más sofisticada de periodismo investigativo?

martes, octubre 11, 2005 

Los resultados imprevistos de un final anunciado

Por Ignacio Muñoz Delaunoy
Profesor de Chile Contemporáneo

11 de septiembre de 1973. Ese día las cuatro ramas de las fuerzas armadas pusieron fin a la experiencia de la Unidad Popular. Este fin trágico de un proyecto político que había despertado tantas ilusiones en muchas chilenas y chilenos, incluidos algunos uniformados, y en las mentes críticas de una generación completa a lo largo y ancho del mundo, no sorprendió a nadie (salvo a ese mundo que nos miraba con los ojos idealizadores de una enamorada adolescente).
Todos sabían que ocurriría, como en esa novela de García Márquez, “Crónica de una muerte anunciada” por lo menos desde fines de 1972.

Eran manifiestos los indicios de una profunda crisis política. El gobierno de la UP era una coalición compuesta de seis partidos, con tantas diferencias entre sí que resultaba difícil madurar un negocio político común. Sobre todo porque el programa de Allende de socialismo con democracia, era un invento sin precedentes, sin raíces en las fuerzas políticas y sociales del país, sin precedentes (todavía) en el mundo. A fines de 1972 las tensiones habían subido a un punto muy grave, a medida que el proceso se radicalizó, por su propia dinámica interna, mandando al tacho la cauteloza “vía chilena al socialismo”. Las violaciones a la legalidad se hicieron pan de cada día, Allende y los partidarios de las soluciones pacíficas al conflicto político quedaran completamente aislados.

Vacío total de poder. Al lado de eso, una economía que estaba literalmente por los suelos. Salvador Allende logró lo que pocos mandatarios consiguen: en un tiempo record pudo cumplir con los puntos principales de su programa. Gracias al mecanismo de la expropiación, intervención y requisición de empresas logró, a mediados de 1973, tener bajo control estatal 541 empresas. Lo mismo pasó en el campo, debido a la activación de la reforma agraria. Pero estos cambios en la estructura de propiedad no tuvieron un efecto modernizador sobre el aparato productivo. Lejos de eso, el sector productivo comenzó a vivir un proceso de decadencia que hizo forzado comenzar a importar alimentos, al precio de una balanza de pagos negativa. Eso no fue lo peor. Las alzas generales de sueldos y salarios, acompañadas de fijaciones de los precios, de incrementos el gasto público provocaron una bonanza corta, luego la crisis más seria que haya vivido el país desde 1930.

Pedro Vuskovic había querido impulsar una masiva redistribución de los ingresos. Los resultados prácticos, sin embargo, habían sido desastrozos. La única salida para la crisis era la reducción de los salarios. Pero eso no era posible. El país completo estaba movilizado. Todos pedían mejorar su situación. La huelgas se multiplicaban. A medida que se sumaban nuevas expropiaciones más empresas bajaban su producción. El sector productivo se paralizó. La inflación se desató, alcanzando a más del 300% a mediados de 1973. No había quien gobernara el país. El Estado estaba en bancarrota. La sociedad estaba fracturada. ¿Quién podía sorprenderse con el golpe? Era claro que el golpe tenía que llegar. Lo único realmente sorprendente es que los militares se tomaran tanto tiempo en iniciarlo (por mucho menos los militares de cualquier país vecino habrían hecho cien asonadas militares). También todo lo que comenzamos a conocer luego del 11.

Si viajaramos en el tiempo, al 10 de septiembre, y le preguntaramos a cualquier persona de la calle o a un militar si podía vislumbrar lo que pasaría luego del golpe lo seguro sería que respondiera: “mire, los militares van a terminar con el desorden que trajeron estos señores, van a romper unos cuantos huesos, a Allende lo vamos a mandar al exilio, como sucedió con otros políticos que quisieron más de lo que el país podía dar, y vamos a retornar muy pronto a nuestra vieja y sólida institucionalidad, a nuestras costumbres republicanas, a nuestros defectos de siempre, seguramente con un gobierno democratacristiano”.

Pero no hubo DC, ni retorno a la vieja y respetable institucionalidad democrática. Los militares se quedaron largo tiempo en el poder y fundaron un régimen autoritario que impuso una verdadera revolución que cambió el rumbo del país, hasta el día de hoy, acaso mucho más de lo que lo hizo la experiencia impulsada por Allende. ¿Cómo se explica el paso desde el tibio restaurar, que inspiró a los militares, a aquella etapa cualitativamente distinta en que el objetivo es refundar?.

La gente de la calle, los periodistas, algunos cientistas políticos e historiadores, suelen explicar la prolongación del mandato militar, las violencias, las transformaciones, como si fueran resultado de una serie de factores externos al mundo militar, como si los militares fueran los títeres de intereses obscuros, de situaciones que no tienen que ver directamente con ellos y su régimen. Nada más equivocado que esta visión.

Hay factores externos que explican la realización del golpe, que son bastante conocidos. Pero son los factores internos los que explican mucho mejor todo lo que sucedió a partir del día en que el golpe ya era un hecho, los 17 años, las transformaciones que tuvieron lugar. El gobierno de Pinochet funcionó puertas adentro. Es una dictadura que desprecia lo que piensan los ciudadanos, lo que piensa el mundo, que funciona al margen de todos esos circuitos. Pero esta dictadura está sometida a las características de su propia dinámica interna. Son esos factores endógenes, son esas características de este sistema, relacionadas con características del propio cuerpo militar, las que explican que se tomaran ciertas decisiones, que pasaran ciertas cosas, en lugar de otras.

Si uno no entiende como funciona el régimen por dentro, su dinámica interna, seguro que no le encontrará sentido a los hechos que se produjeron, seguro que los explicará de manera inadecuada, seguro que no entenderá los condicionantes de las pecurialidades de la experiencia chilena.

¿Por qué se minusvalora el peso de todos estos factores internos del mundo militar para explicar los sucesos que se gatillar a partir del 11 de septiembre? Por simple desconocimiento de los historiadores, al igual que de los testigos de la época, de cómo funcionaba el mundo militar. Un desconocimiento histórico.

Los militares que se tomaron el poder el 11 eran todo un enigma para casi la totalidad de los civiles de la época. Los uniformados vivían en un círculo hermético, que pocos civiles conocían. No se sabía nada de sus rígidos valores morales, de su sistema vertical de mando, de su disciplina, de su férrea mística de grupo, de sus ceremoniales, de su capacidad de fuerza, de la efectividad con que eran capaces de enfrentar a sus enemigos. Pensemos bien en qué oportunidades tenía cualquier sujeto de conocer cómo eran y lo que pensaban los uniformados a los que estaban invitando a solucionar sus conflictos políticos, primero, y luego a derrocar al régimen vigente. Los militares eran arrancados de la sociedad, a corta edad, para ingresar al hermético mundo militar. Cuando eran apenas unos quinceañeros ingresaban a la Escuela Militar, como internos, donde llevaban una vida espartana, de disciplina, trabajo, lealtad. Allí permanecían totalmente apartados de la sociedad, hasta que se casaban. Permisos que llegaban relativamente tarde, cuando los jóvenes oficiales habían ascendido como mínimo a subtenientes. Luego venían las destinaciones, la carrera. Hasta el retiro. Entonces pasaban a engrosar una casta doblemente separada, de las filas de los activos y de la sociedad. Una condición de extrañamiento heredada. Muchos de los jóvenes oficiales eran hijos de uniformados. Habían vivido aislados, por lo tanto, también como hijos, habían recibido los comentarios hostiles de los hijos de gente corriente.

¿Cuándo los civiles podían entrar en contacto con los uniformados? Se los veía de tarde en tarde, con sus tenidas extrañas. En las paradas militares, en los 21 de mayo. La imagen corriente era de gente bruta, de clases más bien bajas, con poca formación intelectual, con nula capacidad para tener o desarrollar un proyecto politico propio. Títeres fácilmente manipulables. Eso era lo que se pensaba.

Y vinieron las sopresas...

miércoles, octubre 05, 2005 

Los derechos humanos vistos por una historiadora francesa

Por Ignacio Muñoz Delaunoy
Profesor de Chile Contemporáneo

El tema de los derechos humanos exige poner en ejercicio muchas de las virtudes de las que necesita hacer gala un historiador del tiempo presente. Porque se trata de una materia que compromete la templanza del observador en un grado que no lo logran otras materias similares. No sólo porque los abusos cometidos por funcionarios del estado dejan huellas que sobreviven el paso del tiempo, transformando al observador en un participante intimamente comprometido con la condena de los hechos que describe. Sino porque las llamadas "violaciones a los derechos humanos" mueven, además, teclas emocionales y éticas que nadie, historiador o no, sabe controlar muy bien.

Las masacres no son un invento de nuestros días. Los gobiernos de turno, de otras épocas, han cometido todo tipo de atrocidades contra sujetos individuales o clases de personas, en el nombre de los fines más variados. Sin embargo, nadie está preparado para enteder y explicar experiencias terroríficas como las vividas en el seno de sociedades complejas, técnica y culturalmente avanzadas, como las alentadas Hitler, Stalin o cualquiera de los grandes “malvados” que hemos conocido en la última parte del siglo XX: dirigentes que usaron las capacidades de que los dotaba la modernidad para construir fábricas de sufrimiento a gran escala, con objeto de lograr fines de tipo político, en un tiempo en que los progresos de la humanidad ya no hacen concebible desbordes de irracionalidad de ese tipo.

¿Como representar "horrores" sin precedentes, como el vivido en el Holocausto? La discusión sobre esta materia ha motivado un interesante debate teórico. Recomiendo leer dos artículos de Hayden White, uno de mis autores favoritos, recientemente traducidos al español, para conocer la manera como los pensadores contemporáneos abordan el tratamiento de los sucesos "monstruosos", con todas sus aristas éticas y epistemológicas: “La trama histórica y el problema de la verdad en la representación histórica” (1992) y “El acontecimiento modernista” (1996), ambos publicados en la compilación que lleva el título de El texto histórico como artefacto literario (Barcelona, Paidós, 2003).

El tema de los derechos humanos no sólo nos ha dejado una materia prima formidable para la discusión teórica. Tiene una importancia acaso mayor para la comprensión de los pasos que ha dado la sociedad chilena, en las últimas tres décadas. Por una razón muy sencilla. Esta sociedad pacífica, civilizada y tolerante, que ostentaba el honor de ser una de las pocas democracias solventes en la parte sur del mundo, tuvo la mala fortuna de pasar por su propio "genocidio" latinoamericano, y está sufriendo, todavía hoy, los coletazos de una experiencia que le quedó grande, con la que todavía no sabe qué hacer.

¿Qué hacer con la memoria viva de estos dolores, que no se apagan nunca, que reviven cada vez que rememoramos la muerte de un Víctor Jara, cada vez que un militar pasa al foro judicial?

Para meterse en este berenjenal, recomiendo leer el ensayo "El pasado vivo de Chile en el año del Informe sobre la Tortura. Apuntes de una historiadora", escrito por Anne Pérotin-Dumon, una de las profesoras que conocí durante mi periodo de estudios doctorales. Anne trabajó algún tiempo en Chile. Hizo escuela como una de las introductoras del estudio del genero. Nos dejó un formidable sitio web que lleva el título de "El género en la historia" (consta de una primera parte, en que la autora presenta su perspectiva teórica, y una segunda parte, que ofrece una antología de textos), actualmente alojado en el servidor de la Universidad de Londres, en el que pueden encontar varios artículos que son pertinentes para el estudio de la historia reciente de Chile.

martes, octubre 04, 2005 

Allende y los militares

Durante su primer año de funcionamiento la Unidad Popular se anotó tanto victorias como derrotas. Fue capaz de poner en práctica una parte importante de su programa, cosa que pocos gobiernos pueden decir. La creación del Area de Propiedad Social, la profundización de la reforma agraria, la implementación de mecanismos masivos de redistribución, fueron realidades para el país. En los 1000 días de la Unidad Popular se había puesto en práctica más cambios de los que había conocido Chile a lo largo de toda su vida republicana, en distintos terrenos. Eso se había traducido en resultados electorales positivos en la elección municipal de abril de 1971. Pero junto con esta parte positiva se comenzaron a
evidenciar problemas serios. A fines de 1971 se registraron indicios de la crisis económica que estaba ad portas. El exitoso programa económico de la UP, en 1971,
parecía llevar al país a la catástrofe en 1972. No era claro como podría cumplirse con el resto del programa dentro del sistema institucional existente. Sectores de la extrema izquierda lo percibieron y se pusieron con decisión a impulsar un proceso de movilización de masas, con objeto de derrumbar al gobierno, que no tardó en cobrar vida propia. Movilización y violencia descontrolada que comenzaron a minar la postura de la fracción moderada e institucionalista de la UP, liderada por Allende. En 1972 el guevarismo comenzó a actuar sin embozo. Mientras el flanco de la izquierda comenzaba a erosionar la posición de los sectores moderados de la UP que lideraban el gobierno, se comenzaba a articular una oposición poderosa. Fue importante el acercamiento que empieza a tener la DC con la derecha, que transforma en imposible el acuerdo DC-UP que habría salvado al presidente Allende. Pero más importante todavía fue el desarrollo de un movimiento social-gremial de oposición que trascendió a los partidos de centro y derecha.

En octubre de 1972 un pequeño grupo de camioneros de Aysen iniciaron un movimiento de protesta, preocupados por los efectos que tendría la anunciada creación de una empresa estatal de transportes. Esta acción local logró lo que ninguna de las iniciativas de los partidos de izquierda y derecha había conseguido: la formación de un gran movimiento de masas, comprometido en la tarea de derribar al gobierno de la Unidad Popular.

Esta movilización logró paralizar el país, provocando una reacción por parte de las fuerzas vivas que apoyaban a Allende, en las barriadas poblacionales que rodeaban Santiago. En forma espontánea se constituyeron los llamados “cordones industriales”. Se trataba de organizaciones afirmadas en instituciones locales (juntas de vecinos, instituciones deportivas, etc), que se habían formado para defender al gobierno de la amenaza representada por el paro, para poner a funcionar las industrias que les daban trabajo. Se trataba de un movimiento poderoso, que no respondía a directrices políticas, que auguraba una etapa de mayor profundización del conflicto.

El presidente Allende sitió que la situación se estaba descontrolando. Con una economía por los suelos y una sociedad fisurada parecía muy difícil defender el camino evolutivo y democrático de construcción del socialismo.

La pérdida de apoyo entre los sectores moderados del país hacía augurar el colapso definitivo: las fuerzas del socialismo democrático podían ser superadas por un movimiento de masas controlado por los sectores más ultristas de la izquierda, o bien debido a la acción contrarrevolucionaria de una derecha golpista. El asunto venía por un lado o por el otro. Pero venía sin dudas. Allende estaba al tanto de la situación, quizás mejor que nadie. ¿Qué hacer para evitar una salida violenta a la crisis que vivía el país? El presidente aprovechó todas las cartas que tenía en su sombrero de mago. Luego de quemar sus últimos cartuchos, tuvo que apelar a la medida que ningún mandatario de vocación republicana querría usar.

El 2 de noviembre de 1972 el presidente Allende tomó la decisión de combatir el vacío de poder que se había creado sacando a los militares de sus cuarteles. Se había interrumpido una larga tradición de prescindencia política. Por razones bien fundadas. El nuevo gabinete cívico-militar asumió la misión de impulsar las decisiones que necesitaba el país, pero que un presidente de izquierda estaba impedido para adoptar. Se aplicó mano dura contra los gremios huelgistas, lo que permitió terminar con el paro. Se detuvo las tomas y las ilegalidades. Se restableción los sistemas de distribución del país, lo que permitió solucionar en parte el problema del desabastecimiento. Junto con eso, se organizó la elección parlamentaria que debía celebrarse en marzo del año siguiente.

La decisión de Allende de llevar a los militares a la política permitió a la Unidad Popular ganarse una sobrevida de algunos meses. Pero trajo consigo también algunos riesgos que se van a hacer manifiestos avanzado 1973: los salvadores de la vieja república en crisis se instalaron en un prolongado gobierno que se encargó de desmantelar todas las obras sembradas por Allende y su generación.

Para tener una visión crítica del papel de las fuerzas armadas durante el gobierno de Allende, recomiendo la lectura de “Todos seremos la historia: venceremos. Unidad Popular y fuerzas armadas” (Julio Pinto, et al., Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular, Santiago, Lom, 2005, pp.177-206). También te recomiendo leer las notas que Isabel Barrientos, alumna del curso de Chile Contemporáneo, durante el 2004. La gracia de su texto es que reporta lo que sucedió en el paro de octubre con pluma suelta de periodista:

El general Carlos Prat, como Ministerio del Interior, el contralmirante Ismael Huerta, en Obras Públicas y el general de Brigada Aérea, Claudio Sepúlveda, en Minería, se pusieron a disposición del presidente Salvador Allende para conformar un gabinete cívico-militar. Así, junto a dos dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), hicieron bajar instantáneamente la presión de los gremios.

Para el nuevo Ministro del Interior la presencia de las FFAA no implica “un compromiso político (de éstas), sino una colaboración patriótica en aras de la paz social”. En tanto, los dirigentes, por cadena voluntaria de emisoras, llamaron a suspender el paro y ordenaron la vuelta al trabajo, “por el interés supremo de Chile”, según definió León Vilarín dirigente de los transportistas, quien rechazó, hasta el último momento, la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia (OIR).

Con esta decisión se puso fin a octubre, el mes más largo y complicado para el gobierno Socialista. Pero lo sucedido, en que se paralizó por completo el país, fue el reflejo de muchos acontecimientos que se fueron sumando hasta concretar que el gobierno adoptara como una alternativa válida la incorporación de militares al poder.

Transportistas encienden la chispa

Todo se inició a las cero horas del día lunes 8 de octubre de 1972. Los miembros de la Confederación de transportistas iniciaban desde O’Higgins a Malleco, un paro indefinido. Su objetivo era protestar, porque las autoridades no habían resuelto los problemas que decían, afectaban a todo el gremio. León Vilarín había explicado con anterioridad que el paro comprometería sólo a unos 12.000 camioneros.

La protesta se dirigía, sobre todo, contra un proyecto aprobado por el Instituto CORFO-Aysén, el cual quería crear una empresa estatal que concentrara los transportes terrestres, marítimos y aéreos de la provincia.

La reacción del Gobierno no se hizo esperar y se concretó en una orden de detención contra cuatro dirigentes máximos del gremio paralizado: León Vilarín, Guillermo Satt, Jorge Álvarez y Eduardo López, acusados de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado.

La respuesta gremial, de solidaridad con sus jefes, sorprendió a todo el país: los 165 sindicatos de camioneros adheridos a la Confederación, con 40.000 miembros y 56.000 vehículos, se sumaron al movimiento inicial en un paro masivo que comenzó de inmediato a cumplirse con rigurosidad. Se sobrepasaría así la defensa de los transportistas para luchar por los derechos de toda a actividad privada, el “paro de vilarín” fue la chispa que desató una serie de sucesivas huelgas de adhesión. Se unían la Confederación de Comercio Detallista y de la Pequeña Industria, Federación de Sindicatos de Choferes de Taxi, Confederación de la Producción y el Comercio, y Confederación Nacional Única de la Pequeña Industria y Artesanado, entre otras.

El Gobierno respondió nuevamente y trece provincias fueron declaradas Zonas de Emergencia. El subsecretario de Interior, Daniel Vergara, anunció requisamiento de vehículos, intervención de empresas y movilización general de los trabajadores. En San Felipe, la DIRINCO requisó 300 camiones. Los huelguistas detenidos sobrepasaban los 400.

“Camión que sea requisado, no será devuelto a su propietario”, advirtió el Presidente de la República al país el 13 de octubre.

Desconcierto total

El carácter netamente gremial de los paros se reflejó en el desconcierto con que fueron acogidos por los partidos de oposición. El Partido Nacional (PN) y la Democracia Radical hicieron causa común con los huelguistas casi de inmediato. La Democracia Cristiana (DC), vacilante en un comienzo, tomó la misma línea gracias a la intervención personal y prolongada de Eduardo Frei. “Hay un golpe de estado en marcha”, acusaba el senador Luis Corvalán (PC) y sus ataques se centraron en Frei.

Cuando el paro de los camioneros entraba en su sexto día, seguía siendo total. Según sus dirigentes, el cierre de negocios alcanzaba a un 80% en la capital y a un 90% en el resto del país. El propio Allende reconocía que sólo un 35% de los negocios había abierto sus puertas, la primera jornada.

Los cuatro jefes máximos del gremio camionero permanecían en la cárcel, y siete directivos del comercio eran arrestados. Ellos enfatizaban que no transarían con el gobierno en algunos puntos de su causa de lucha: apoyo a la Radio Agricultura de Los Ángeles, clausurada por el Gobierno, y rechazo a cualquier intento de estatizar la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) Los partidos políticos opositores, que formaban la Confederación Democrática (CODE), solidarizaban públicamente con esta postura de los transportistas.

Por orden de la jefatura de la Zona de Emergencia, fue clausurada seis días la Radio Nuevo Mundo, de Santiago, se implantó cadena nacional obligatoria de radioemisoras hasta nuevo aviso, se advirtió que se procedería al requisamiento de los locales comerciales que no abrieran sus puertas al día siguiente, se requirió a normalizar la situación del transporte a partir de esa misma fecha y se reiteró a la ciudadanía que las manifestaciones callejeras estaban prohibidas.

Los funcionarios de la DIRINCO, se empeñaban en descerrajar los negocios cerrados, los transeúntes se opusieron, protagonizando agitados incidentes en el centro de la capital. La solución del Ministerio del Interior fue invocar la Ley de Seguridad de Estado y presentar querellas, en esta oportunidad, contra la Confederación del Comercio Detallista de Chile.

“Nada ni nadie nos hará echar pie atrás en la lucha, ni siguiera la cárcel”, dijo León Vilarín mientras quedaba en libertad bajo fianza, al igual que otros dirigente de su gremio. Y refiriéndose a la resistencia en el país señalaba “Los gremios han entendido la trascendencia y la importancia de ser libres”.

Después de ocho días, el conflicto se había hecho universal: más de 50 gremios adherían al paro, Santiago estaba bajo toque de queda, dieciocho provincias en Estado de Emergencia y los disturbios callejeros continuaban.

El pliego de peticiones

Al día siguiente, el mismo Vilarín anunciaba “Estamos redactando el Pliego de peticiones de Chile a los poderes del estado”. Los parlamentarios de la CODE, por su parte, reafirmaban la ilegalidad de la cadena nacional y obligatoria de radios, y el Ministerio de Justicia enviaba un decreto a la Contraloría para cancelar la personalidad jurídica de la SOFOFA, en represalia por haber ésa llamado a la huelga a sus socios.

Los dirigentes máximos: Rafael Cumsille, Jorge Martínez, Guillermo Elton y Francisco Nicolini, ingresaban a la Cárcel Pública por presunta infracción a la Ley de Seguridad Interior y, al día siguiente, otros cuatro jefes del comercio eran detenidos. La capital y las principales ciudades del país eran escenarios de toda clase de violencia.

“El único responsable de las causas que han dado origen al conflicto y de la situación de crisis que estamos viviendo, es el Gobierno que preside el señor Salvador Allende”, acusaba la CODE en declaración pública. Sergio Onofre Jarpa, presidente del PN, agregaba: “Hemos pensado en una acusación constitucional contra Allende, para dar al pueblo la oportunidad de elegir libremente un nuevo gobernante”.

En tanto, el pliego constaba de siete capítulos de exigencias y un anexo con las “medidas inmediatas y definidas en bien de la Patria que se deben adoptar”. Las exigencias del documento eran largas, entre ellas, figuraban el desistimiento inmediato de todas las querellas del gobierno generadas durante el paro, la reposición en sus funciones de cualquier trabajador despedido, la devolución de los bienes requisados o intervenidos, el fin a la cadena de radioemisoras (declarada ilegal por la Contraloría), el alzamiento de las clausuras a estaciones radiales, la promulgación de la reforma constitucional que fijaba las tres áreas de la economía, reforma bancaria, desechando la Banca Única, que era el objetivo final de la Unidad Popular (UP), participación de los gremios en la planificación de la economía, etc.

El quinto punto del pliego pedía “seguridad en los lugares de trabajo y término de la violencia” y abordaba los problemas de los grupos armados y de los extranjeros extremistas”. Coincidiendo, fue publicada en el Diario Oficial, y entró en vigencia, la Ley de Control de Armas, según ésta sólo las Fuerzas Armadas tendrían tuición sobre todo el armamento que existiera en el país.

El país, mientras tanto, seguía totalmente paralizado. Analizando las causa de esta crisis, el ex presidente Eduardo Frei habló a través del Canal 13 de TV, a su juicio el movimiento de protesta gremial se debía “a la desesperación y la angustia de un pueblo que ve comprometidas las bases sobre las cuales sustenta su vida presente y su futuro”.

Radios abandonan las cadenas

El problema de la cadena OIR, impuesta a las radioemisoras santiaguinas, alcanzó su punto álgido. Cinco radios de Concepción se habían evadido de su propia cadena, siendo clausurada por el Jefe de Plaza, general Evaldo Rodríguez. En santiago, a las 20:30 horas del lunes, las radios Agricultura, Balmaceda y Yungay abandonaron las cadenas, comenzando cada una su transmisión propia.

El Gobierno reaccionó violenta y rápidamente. Primero les cortó la electricidad, pero siguieron en el aire con sus equipos de emergencia. Entonces llegaron a las plantas funcionarios de OIR y retiraron los “cristales”, que dan la onda específica y permiten la salida al aire. El gesto de las emisoras rebeldes fue castigado con seis días de clausura, sirvió para subrayar la precariedad de la libre expresión radial y para dejar en claro que la cadena se basaba en el decreto declarado ilegal por la Contraloría, y no en la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Así, entró el país, de norte a sur, al “Día del Silencio”, decretado por la CODE, como una nueva expresión de repudio al Gobierno de Salvador Allende. Sin embargo, el presidente, declaraba ese mismo día, por cadena nacional de radioemisoras y canales de TV: “El país no se ha paralizado”.

Negociación...y solución al paro

A fines de octubre, el presidente inició contactos oficiales con voceros autorizados de camioneros y comerciantes, para buscar una solución. Pero, simultáneamente, otras radios de la capital, Minería y Santiago, eran clausuradas por seis días, el paro del comercio tenía el 97% de sus locales cerrados en Santiago y absoluta disciplina en el resto del país, según sus directivos. Ocho de los cuales eran detenidos en Coquimbo y San Felipe. Hubo, de nuevo, violencia en el centro de Santiago, hasta el punto de hacerse necesaria la actuación de efectivos militares.

“La solución está exclusivamente en manos del Presidente de la República. Él es el único responsable”, declaraba Eduardo Arraigada, presidente del Colegio de Ingenieros. Allende por su acostumbrada cadena nacional de radio y TV, expresaba que había desahuciado la próxima reunión suya con los gremios en conflicto, porque el “Pliego de Chile”, contenía puntos políticos que él no podía aceptar. “El gobierno no está en interdicción”, dijo.

Sin embargo, este 2 de noviembre, el gobierno, luego de conformar el gabinete cívico-militar, estima el daño económico en unos 200 millones de dólares, equivalente al 5% del Producto Nacional Bruto de Chile. Además, de dio claras señales de investigar de dónde obtuvieron los dineros los sectores que intentaron desestabilizar el gobierno de la UP. En tanto, para los huelguistas su triunfo lo lograron, con la instauración del nuevo ministerio y con ello el rompimiento del íntegro control del Gobierno entrando a actuar, en una evidente calidad de árbitros, las Fuerzas Armadas.