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jueves, febrero 01, 2007 

El desafío neoliberal

Mario Vargas Llosa explica en uno de los ensayos más polémicos de su El fin del tercermundismo en Améica Latina (1992) las razones por las cuáles cree urgente llevar a latinoamérica por un sendero contrario al de Fidel Castro y Chávez. Uno de los módelos que sirve de inspiración a esta propuesta que quedó trunca, es el Chile de Pinochet (y la Concertación).

El tema es este. El liberalismo es una corriente de pensamiento que toma forma y cuerpo en el mundo desarrollado. Allí se despliega con gracia, bendecido por el éxito histórico, transformado en el marco que preside el comportamiento individual, tanto como el colectivo. Pero ¿qué puede significar este concepto cuándo hay que verlo encarnado en el terreno inhóspito del tercer mundo? ¿puede prender en estos barrios una auténtica revolución neo-liberal?

Leamos y discutamos:



I

De México a Ecuador la palabrota pendejo quiere decir tonto. Misteriosamente, al cruzar la frontera peruana se vuelve su opuesto. En el Perú el pendejo es el viva, el inescrupuloso audaz. En Colombia, en Venezuela, al cacaseno de provincias recién llegado a la capital, al que le venden el metro o el palacio de gobierno, llaman lo que en el Perú al ministro manolarga que se llena los bolsillos robando y no le ocurre nada. En Centroamérica, una pendejada es una despreciable estupidez en el Perú, una deshonestidad que tiene éxito.

La forma en que esa palabreja, originalmente empleada para designar el secreto velillo del pubis, se antropomorfizó y pasó a designar al bípedo completo no es algo que me quite el sueño. Pero sí me intriga sobre manera-no: me llena de pavor-esa misteriosa razón por la que en mi país los tontos de otras partes resultan los vivos y los vivos foráneos, los tontos. Pues la contrapartida de aquella metamorfosis es la que experimenta la palabra cojudo, apócope o reducción de cojonudo, que en tantas partes de España e Hispanoamérica sirve para designar-con grosería-a la persona o cosa formidable y excelente y, en el Perú, en cambio, al imbécil. Esas mudanzas semánticas no son gratuitas, desde luego. Detrás y debajo de ellas, provocándolas y apuntalándolas, hay una idiosincrasia y una moral, y, para decirlo con pedantería, una Weltanschauung. Podemos hablar de inversión de valores, craso maquiavelismo o de un pervertido que asfixia toda consideración, principio altruista o solidario y promueve en la vida social un darwinismo nietzscheano: el culto al superhombre que sabe salirse con la suya aplastando a los demás y el desprecio al bueno o ingenuo que, por respetuoso de la norma, está condenado a fracasar en lo que emprende.

Entre 1945 y 1948 gobernó el Perú un destacado jurista: el doctor José Luis Bustamante y Rivero. Escribía él mismo sus discursos en un castellano castizo y elegante, era de una honradez escrupulosa y tenía la manía del respeto a la Constitución y a las leyes, a las que citaba, vez que abría la boca, para explicar lo que hacía o se debía hacer. La oposición lo bautizó: el cojurídico. Es decir, un idiota que cree que las leyes tienen importancia, que se han hecho para ser cumplidas. El infame apodo prendió rápidamente en el pueblo.

Durante la campaña electoral para la presidencia, en 1990, una agencia especializada en encuestas de opinión, me permitió asistir (del otro lade de un falso espejo) a una sesión en la que una señora diestra en estos menesteres auscultaba la opinión de quince ciudadanos limeños sobre un candidato al que, en esos mismos momentos, se acusaba de tráficos con propiedades inmuebles. Sin una sola excepción, todos afirmaron que votarían por él. Y uno de ellos sintetizó el por qué con una frase exultante de admiración: "¡Es un gran pendejo, pues!".

Desde entonces he sentido la tentación de escribir, con el título de Diálogo del pendejo y el cojudo, una suerte de apólogo, a la manera de ésos que escribían los filósofos del siglo de las luces, sosteniendo que las miserias de mi país no cesarán, y más bien seguirán aumentando, hasta que los peruanos recompongamos nuestra tabla de valores semánticos y dejemos de llamar vino al pan y pan al vino. O, dicho sin alegorías, degrademos al último lugar de la escala de tipos humanos a ese admirado pendejo que hoy la preside y ascendamos de un solo envión, al primer lugar, al ridiculizatlo cajudo. Porque no son los pícaros audaces y simpatiquísimos que actúan como si estuvieran más allá del bien y del mal los que labran la grandeza de las naciones, sino esos aburridos personajes que conocen sus límites, diferencian lo que se debe y puede hacer de lo que no y son tan poco imaginativos que viven siempre dentro de la ley.

Lo que ocurre con las palabras, pasa también con las instituciones y, eso, no sólo en el Perú: es, por desgracia, un mal latinoamericano. En nuestros países, las ideas, las creencias, los sistemas que importamos a menudo experimentan mágicas sustituciones de sentido y de médula, aunque su apariencia prosiga incólume. Se siguen llamando lo mismo pero, en realidad, se han vuelto antípodas de lo que dicen ser. El fenómeno es tan extendido y de consecuencias tan nefastas para la vida política, económica y cultural de América Latina, que sin exageración puede decirse que nuestro fracaso como naciones-nuestra pobreza y atraso en relación con América del Norte, Europa y, ahora, con buen número de países del Asia-se debe a esa terrible propensión nuestra a desnaturalizar lo que decimos y hacemos, empleando mal las palabras, corrompiendo las ideas y suplantando los contenidos de aquellas instituciones que regulan nuestra vida social, unas veces de manera sutil y otras abrupta y soez.

Nos emancipamos de España para ser libres pero nuestra ineptitud para gobernarnos con algo de sentido común-para "aprender del error" según la fórmula de sir Karl Popper-y hacer las cosas de manera razonable, nos empobreció tanto que nuestra adquirida libertad se volvió caricatura, una forma más sutil de servidumbre que nuestra antigua condición colonial. La libertad con pobreza (o, peor, con miseria) es tal vez posible en el caso de ciertos individuos fuera de lo común, personalidades ejemplares a quienes el desasimiento de lo material, la vida ascética, da una gran fortaleza espiritual; pero, en el caso de una nación, la soberanía es un mito, una fórmula retórica desmentida brutalmente cada vez que sus intereses entran en colisión con los de las naciones poderosas. Como, luego de alcanzar la independencia, fuimos incapaces de darnos gobiernos estables y democráticos, y nos dividimos y desangramos en luchas de facciones, nos quedamos pobres, y eso nos hizo vulnerables, víctimas de invasiones, ocupaciones y despojos por eso perdimos muchas veces en la práctica esa libertad de la que se jactaban nuestros gobernantes y nuestras constituciones. Aunque no nos guste que así sea-y a mí no me gusta, desde luego-, lo cierto es que un país pobre y atrasado es falazmente libre. Pues en términos nacionales una cierta prosperidad y poderío son requisito indispensable de la libertad.

En tanto que nuestro vecino del norte, luego de su independencia, se dio una Constitución-sencilla y breve-que hasta ahora le sirve para organizar el funcionamiento democrático de esa vasta sociedad que son los Estados Unidos, la proliferación de cartas magnas, leyes fundamentales o constituciones en los países latinoamericanos sólo puede parangonarse con la hinchazón palabrera de esos mismos textos, cada uno de los cuales, por lo general, aventaja y enaniza al precedente en el número de capiitulos y disposiciones. El pecado mortal de todos ellos es que nunca tuvieron mucho que ver con la realidad que los produjo; eran ficciones que no decían su nombre, así como muchas obras latinoamericanas del periodo indigenista y costumbrista que se llamaban novelas eran, en verdad, documentales sociológicos, compilaciones étnicas, arengas políticas o catastros geográficos sin mayor parentesco con la literatura.

Enfrascarse en esas constituciones que, en la historia de Hispanoamérica, se suceden como las bengalas de un fuego de artificio, es pasear por la irrealidad, entrar en contacto con un curioso híbrido: lo imaginario-forense, lo poético­legal. Su abundosa logomaquia prescribe-describe-repúblicas ejemplares, poderes independientes que se fiscalizan uno al otro, voluntades ciudadanas que se manifiestan a través del voto, comicios pulquérrimos, libertades garantizadas, tribunales probos y asequibles a todo el que sienta sus derechos vulnerados, propiedad privada inalienable, fuerzas armadas sometidas al poder civil, educación universal y gratuita, etcétera. Por lo común, nada de lo que aquellas cartas fundamentales disponían llegó a encarnarse en esos países reales que, a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX, vivieron convulsionados por guerras civiles, motines, golpes de Estado, elecciones amañadas, el caciquismo y la dictadura militar.

De manera poco menos que axiomática, fueron los tiranos más sangrientos los que hicieron promulgar las constituciones más civiles y liberales, y los regímenes más discriminatorios los de cartas magnas más igualitaristas. El desprecio por el contenido genuino de las palabras y las ideas, esa olímpica desvergüenza para divorciar lo que se dice de lo que se hace, son constantes latinoamericanas que han practicado por igual conservadores y progresistas. Y ello es evidente, sobre todo, en esas constituciones puntillosas y libérrimas que nunca fueron aplicadas; que no fueron concebidas para ser aplicadas, sino para estar allí, como bellos adornos y coartadas formales de los dueños del poder. Su parecido es grande con esos discursos de los dictadores, de cualquier signo, que, de Somoza a Fidel Castro, han chisporroteado siempre con ruidos que sonaban asi: "justicia" y "libertad".

Esa aptitud para desalmar a las palabras, desasociandolas de los actos y las cosas, desastrosa en la vida social y política, pues de ella resulta la confusión y la anarquía, tiene en cambio muy provechosas consecuencias en la literatura. Esa alquimia irresponsable en el uso del lenguaje se convierte, por ejemplo, en manos de un poeta como Vallejo, a la hora de Trilce, en suprema libertad, en audaz rebeldía contra el acartonamiento de las imágenes y las rutinas verbales de su tiempo, y, en el Neruda de Residencia en la tierra, en una profunda exploración de la subjetividad y el instinto, en una representación alucinante del deseo humano, dominio donde la incoherencia y los contrasentidos son legítimos. Y en un Nicanor Parra, que ha hecho del disparate semántico y gramatical una forma de genialidad artística, en un refinado método de creación poética. Un artista puede permitirse todas las suplantaciones que se le antojen a la hora de crear: ellas quedarán justificadas o invalidadas por el grado de consistencia y originalidad que alcance lo que crea. (El poeta simbolista peruano Jose María Eguren encontraba que la palabra "nariz" era horrible y la reemplazaba en sus poemas con "nez". Escribía también barbaridades como "tristura" 0 "celestía" que, fuera de sus poemas, hacen chirriar los dientes; dentro de ellos, en cambio, suenan bien).

Pero en el discurso político la falta de propiedad es un signo inequívoco de incivilización. El "babelismo" que practicamos al elaborar nuestros idearios, explicar nuestras convicciones, intenciones y metas cívicas, dictar las leyes, justificar nuestras conductas y definir nuestras instituciones, hace que nuestra vida político y social-por lo menos la oficial-tenga mucho que ver con la ilusión y poco con la realidad. Esta cesura es peligrosísima, por dos razones. La primera, porque en una sociedad democrática, toda acción de reforma económica o institucional requiere apoyo popular, y este apoyo, para ser sólido y bien fundado, exige una comprensión cabal de aquello que está en juego, de la naturaleza y sentido de lo que se va a reformar y de la manera en que la reforma va a ser hecha. Si las palabras no expresan nítidamente lo que deben expresar, si no se funden y desaparecen hasta ser una misma realidad con la cosa o el acto que nombran o califican, si se las usa de manera ambigua o, peor aún, mentirosa, para pasar de contrabando algo diferente a lo que son y representan, un principio básico de la cultura democrática queda vulnerado: el famoso "contrato social" se vuelve "estafa social". Y cuando el pueblo descubre que se le ha dado gato por liebre, que-engañado por el espejismo de las palabras-apoyó algo opuesto a lo que se le dijo que apoyaba-o rechazó algo distinto a lo que creyó que rechazaba-simplemente retira aquel respaldo y lo moda en rechazo frontal. Y en democracia no hay política que tenga éxito con la hostilidad activa de la población.

La segunda razón es que ella evalúa el lenguaje político hasta restarle total credibilidad a la política misma y, por supuesto, a los políticos. Aquella aparece, más y más, como una representación teatral en la que lo que se dice y hace es una suerte de coreografía desconectada de la verdad y de la experiencia-los problemas que se viven, los sufrimientos que se padecen, las necesidades que claman por una solución-, en la que unos personajes más o menos locuaces e insinceros se ejercitan en el arte de embaucar a las gentes, diciendo cosas que no hacen y haciendo cosas que no dicen.

Que aquello ocurra con las dictaduras no tiene nada de sorprendente. El arte de mentir les es constitutivo, sobre todo en América Latina, donde, con la excepción tal vez de las dictaduras de Castro y de Pinochet -inspiradas en una concepción ideológica no democrática reivindicada como fuente de legitimidad-, todos los tiranuelos y dictadorzuelos que hemos padecido, no basaban su poder en creencia, filosofía o idea alguna, sólo en el apetito crudo de llegar al poder y perpetuarse en él para aprovecharlo hasta el hartazgo. Es natural que en las bocas de estos hombres fuertes-generalísimos, padres de la patria, benefactores, caudillos, etcétera-y en el de los letrados, polígrafos, leguleyos y rábulas a su servicio, el vocabulario político se prostituyera sin remedio y palabras como "legalidad", "libertad", "democracia", "derecho", "orden", "equidad", "igualdad", adoptaran, desde la perspectiva del hombre común, las mismas jibes, bubas, excrecencias monstruosas y grotescas que adoptan las caras y cuerpos de las personas en esas casetas de espejos deformantes de los parques de atracciones.

Pero lo grave es que en nuestros periodos democráticos, cuando la vida política de nuestras naciones transcurría bajo gobiernos nacidos de elecciones, ocurría también a menudo la misma desnaturalización del discurso por obra de los políticos (entendida esta expresión en su sentido más ancho: los que hacen política y los que hablan y escriben sobre alla). Esta es una poderosa tradición que gravita con mucha fuerza sobre nuestras sociedades y, por eso, no es fácil sacudirse de alla. Pero si no hacemos un esfuerzo titánico para conseguirlo y purgamos nuestro lenguaje de las infinitas impurezas, equívocos, paralogismos, contradicciones, mitos y trampas que lo tienen estragado, y no le devolvemos la propiedad semántica que nos permita entendernos sobre lo que queremos y hacemos, y averiguar lo que realmente nos acerca o nos distancia, corremos el riesgo ahora que tantas cosas parecen haber cambiado para bien en América Latina-han caído las dictaduras militares y, con excepción de Cuba, todos nuestros gobiernos son civiles y representativos y, lo más importante, hay un consenso en nuestros pueblos en favor del sistema democrático-, de fracasar una vez más y de que el ideal de ser países modernos quede remitido de nuevo a las calendas griegas.



II

La palabra de moda en América Latina es, hoy día, liberal. Se la oye por todas partes, aplicada a los políticos y a las políticas más disimiles. Pasa con ella lo que, en los sesenta y setenta, con las palabras socialista y social, a las que todos los políticos y los intelectuales se arrimaban a como diera lugar, pues, lejos de ellas, se sentían condenados a la orfandad popular y a la condición de dinosaurios ideológicos. El resultado de aquello fue, naturalmente, que como todos, o casi todos, eran socialistas o, por lo menos, sociales-social demócratas, social cristianos, social progresistas-, aquellas palabras se cargaron de imprecisión conceptual. Representaban tal mescolanza de ideas, actitudes, propuestas y conductas -muchas veces antagónicas-que al final dejaron de tener una significación intelectual precisa y se volvieron estereotipos emocionales que adornaban las solapas oportunistas de gentes y partidos empeñados en "no perder el tren de la historia" (según la metáfora ferrocarrilera de Trotski).

Hoy se llama liberal a la política de Collor de Mello, que puso a la economía brasileña más trabas que púas tiene un puercoespín, y a la de Salinas de Gortari, que ha destrabado la de México, si, pero preside un régimen seudodemocrático en el que el partido gobernante ha perfeccionado a tal extremo sus técnicas para perpetuarse en el poder que, por lo visto, ya ni siquiera necesita amañar las elecciones para ganarlas. Si creemos a los medios de comunicación, son liberales los gobiernos de Menem en la Argentina y de Paz Zamora en Bolivia, el de Carlos Andrés Pérez en Venezuela y el de Fujimori en Perú, el de Cristiani en El Salvador y el de Violeta Chamorro en Nicaragua, y así sucesivarnente. Todos somos liberates, pues. Lo que equivale a decir: nadie es liberal.

Para algunos liberal y liberalismo, tienen una exclusiva connotación económica y se asocian a la idea del mercado y la competencia. Para otros, es una manera educada de decir conservador, e, incluso, troglodita. Muchos no tienen la menor sospecha de lo que se trata, pero comprenden, eso sí, que son palabras de fogosa actualidad política, que hay por lo tanto que emplear (exactamente como en los cincuenta había que hablar del "compromiso", en los sesenta de "alienación", en los setenta de "estructura" y en los ochenta de "perestroika").

Por lo demás, no sólo en América Latina tiene la palabra liberal sentidos múltiples. El confusionismo que ella provoca es, también, monumental en inglés. En Estados Unidos si se dice de alguien que es un liberal no se piensa en Adam Smith o en John Stuart Mill sino en Noam Chomsky, es decir, en un progresista e, incluso, en un socialista que cree en políticas redistribucionistas, en una cierta "planificación" de la economía por parte del Estado para corregir las excesivas desigualdades y que, como los marxistas, desprecia la "democracia formal".

Pero, al mismo tiempo, se llaman liberales, en la acepción clásica del término, pensadores como el filósofo Robert Nozick, el economista Milton Friedman y el propio Friedrich Hayek, a quienes, desde cierta perspectiva, convendría perfectamente el apelativo de conservadores (Hayek ha escrito, a este respecto, un iluminador ensayo sobre lo que acerca y separa a ambos términos: "Why I am not a conservative"). En inglés, pues, si uno quiere ser entendido cada vez que emplea los vocablos liberal y liberalismo conviene que los acompañe de un predicado especificando en qué sentido los usa, qué pretende decir al decirlos.

En América Latina ello es aún más necesario si queremos salir al fin del embrollo político­lingüístico en el que hemos vivido sumergidos gran parte de nuestra vida independiente. Y conviene que lo intentemos porque es cierto-aunque ello suene a una de esas frases hechas de que está trufada la vida política-que América Latina vive un momento crucial, en el que se abre ante ella, una vez más la posibilidad de enmendar el rumbo torcido que ha sido el suyo, y convertirse en un continente de países que prosperan porque han hecho suya la cultura de la libertad. Esto es ahora menus imposible que hace unos años, porque la democracia política-el rechazo a las dictaduras militares y al utopismo revolucionario-ha echado raíces en amplios sectores sociales, que ven en los regímenes civiles, la libertad de prensa y las elecciones, la mejor defensa contra los abusos a los derechos humanos-la censura, las desapariciones, el revolucionario o el de Estado, la simple prepotencia de quienes mandan-y la mejor esperanza de bienestar. Pero la democracia política no garantiza la prosperidad, el desarrollo. Por el contrario, en algunos casos, si, como ocurre aún en la mayoría de los países latinoamericanos, coexiste con regímenes de economía semiestatizada, intervenida por toda clase de controles, donde proliferan el rentismo, Las prácticas monopólicas y el nacionalismo económico-esa versión mercantilista del capitalismo que es la única que han conocido nuestros pueblos-ella puede significar más pobreza, discriminación y atraso de los que generalmente trajeron las dictaduras. En mi opinión, y en la de, creo, un número creciente de latinoamericanos, para que, además de la libertad política que ya tenemos, nuestras flamantes democracias nos traigan también justicia y progreso, oportunidades para todos y gran movilidad social, necesitamos una reforma que reconstruya desde sus cimientos nuestras instituciones, nuestras ideas y nuestras costumbres políticas. Una reforma no socialista, ni social demócrata, ni social cristiana, sino liberal. Y la primera condición para que ello sea realidad es tener muy claro qué diferencia o aproxima a ésta de aquellas opciones y a qué actitudes, ideas y políticas específicas nos referimos cuando decimos liberalismo o liberal.



III

Las primeras lecciones de liberalismo yo las recibí cuando era un niño de pantalón corto, de mi abuelita Carmen y mi tía abuela Elvira, con quienes pasé mi infancia, en Cochabamba, Bolivia. Cuando ellas decían de alguien que era un "liberal", o "demasiado liberal", no lo decían como un elogio. Más bien, con un retintin de alarma y admonición. Querían decir con ello que esa persona era demasiado flexible en cuestiones de religión y de moral, alguien que, por ejemplo, encontraba lo más normal del mundo divorciarse y recasarse, no ir a misa los domingos, leer las novelas de Vargas Vila o el Caballero Azul, y hasta declararse librepensador. La suya era una versión no del todo inexacta, pero sí muy restringida, latinoamericana y decimonónica de lo que es un liberal. Porque los liberales del siglo XIX, en América Latina, fueron casi siempre individuos, partidos o movimientos que se enfrentaron a los llamados conservadores en nombre del laicismo. Combatían la religión de Estado y querían restringir el poder político y a veces económico de la Iglesia, en nombre de un abanico heterogéneo de mentores ideológicos -desde Rousseau y Montesquieu hasta los jacobinos de la Revolución Francesa-y enarbolaban las banderas de la libertad de pensamiento y de creencia, de la cultura laica contra el dogmatismo y el "oscurantismo" de la ortodoxia religiosa.

Hoy podemos darnos cuenta de que, en esa batalla de casi un siglo, en muchos países de América Latina, tanto liberales como conservadores quedaron entrampados en un conflicto monotemático, excéntrico a los grandes problemas reales: ser adversarios o defensores de la religión católica. De allí surgió esa imagen con la que, por cierto, muchos de ellos se identificaron. Así contribuyeron decisivamente a desnaturalizar de manera esencial las palabras-las doctrinas y valores implícitos a ellas-con que vestían sus acciones políticas. Porque, en muchos casos, excluido el controvertido tema de la religión que los separaba, conservadores y liberales fueron indiferenciables en todo lo demás, y, principalmente, en sus políticas económicas, la organización del Estado, la naturaleza de las instituciones y la centralización del poder (que ambos fortalecieron de manera sistemática, siempre). Por eso, aunque en esas guerras interminables, en ciertos países ganaron los unos y en otros los otros, el resultado fue más o menos el mismo: un gran fracaso nacional. En Colombia los conservadores derrotaron a los liberales y en Venezuela éstos a aquellos y eso significó que la Iglesia católica ha tenido en este último país menos influencia política y social que en aquél. Pero en todo lo demás, el resultado no produjo mayores beneficios sociales ni económicos ni a uno ni a otro, cuyo atraso y empobrecimiento fueron muy semejantes (hasta la explotación del petróleo en Venezuela, claro está).

Y la razón de ello es que, en materia económica y social, los liberales y conservadores latinoamericanos fueron poco menos que las dos caras de una misma moneda, tenaces practicantes ambos de aquella versión arcaica-la oligárquica y mercantilista-del capitalismo, a la que, precisamente, la gran revolución liberal europea-el pensamiento de Adam Smith, sobre todo-transformó de raíz. Al extremo de que, en muchos países, como el Perú-lo ha mostrado Fernando Iwasaki en su ensayo Nación peruana: entelequia o utopía-fueron los conservadores, y no los liberales, quienes dieron las medidas de mayor apertura y libertad en tanto que en la economía éstos aplicaron más bien el intervencionismo y el estatismo a veces de manera sistemática.

Lo cierto es que el pensamiento liberal estuvo siempre contra el dogma-contra todos los dogmas, incluido el dogmatismo de ciertos liberales-pero no contra la religión católica ni ninguna otra y que, más bien, la gran mayoría de filósotos y pensadores del liberalismo fueron o son creyentes y practicantes de alguna religión. Pero sí se opusieron siempre, en nombre de la libertad, a que, identificada con el Estado, la religión se volviera compulsiva, obligatoria, es decir, que se privara al ciudadano de aquello que para el liberalismo es el más preciado bien: la libre elección. Ella está en la raíz del pensamiento liberal, así como el individualismo, la defensa del individuo singular-de ese espacio autónomo de la persona para decidir sus actos y creencias que se llama soberanía-contra los abusos y vejámenes que pueda sutrir de parte de otros individuos o de parte del Estado, monstruo abstracto al que el liberalismo, premonitoriamente, desde el siglo XVIII señaló como el gran enemigo potencial de la libertad humana al que era imperioso limitar en todas sus instancias para que no se convirtiera en un Moloch devorador de las energías, iniciativas y movimientos de cada ciudadano.

Si la preocupación respecto al dogmatismo religioso ha quedado anticuada desde una perspectiva latinoamericana, en la que un laicismo que no dice su nombre ha avanzado a grandes zancadas desde hace varias décadas-otra cosa es, desde luego, el caso de los países musulmanes donde el integrismo más fanático ha alcanzado un sombrío auge-la crítica del "Estado grande" como fuente de injusticia e ineficiencia de la doctrina liberal tiene, en nuestros países, una vigencia dramática. Unos más otros menos, todos padecen de un gigantismo estatal del que han sido tan responsables nuestros llamados liberales como los conservadores. Todos contribuyeron a hacerlo crecer, extendiendo sus funciones y atribuciones, cada vez que llegaban al gobierno, porque, de ese modo, pagaban y conservaban a sus clientelas, podían distribuir prebendas y privilegios y, en una palabra, acumulaban más poder.

De ese fenómeno han resultado muchas de las trabas mayores para la modernización de América Latina: el reglamentarismo asfixiante, esa cultura del trámite que distrae esfuerzos e inventivas que deberían volcarse más bien en crear y producir; la inflación burocrática que ha convertido a nuestras instituciones estatales en paquidermos ineficientes y a menudo corrompidos; esos vastos sectores públicos expropiados a la sociedad civil y preservados de la competencia, que drenan inmensos recursos a la sociedad, pues sobreviven gracias a cuantiosos subsidios y son el origen del crónico déficit fiscal y su inevitable correlato: la inflación.

El liberalismo está contra todo eso, pero no está contra el Estado y en eso se diferencia del anarquismo, que quisiera acabar con él. Por el contrario: los liberales no sólo pretenden que sobrevivan los Estados sino que ellos sean lo que, precisamente, no son en América Latina: fuertes, capaces de hacer cumplir las leyes y de prestar aquellos servicios, como administrar justicia y preservar el orden público, que les son inherentes. Porque existe una verdad poco menos que axiomática- muy dificil de entender en países de tradición centralista y mercantilista como los nuestros-: que, mientras más grande es, el Estado es más débil, más corrupto y menos eficaz. Es lo que pasa entre nosotros. El Estado se ha arrogado toda clase de responsabilidades y tareas, parte de las cuales estarían mucho mejor en manos particulares, como, por ejemplo, crear riqueza o proveer seguridad social. Para ello ha tenido que establecer monopolios y controles que desalientan la iniciativa creadora del individuo y desplazan el eje de la vida económica y social del productor al funcionario, quien, de este modo se convierte en el gran dispensador de fracasos y éxitos, alguien que, dando autorizaciones y firmando decretos, enriquece, arruina o mantiene estancadas a las empresas. Este sistema enerva todo el sistema de creación de la riqueza, pues lleva al empresario a concentrar sus esfuerzos en obtener prebendas del poder político, a corromperlo o aliarse con él, en vez de servir al consumidor. Pero, además, el mercantilismo tiene como corolario inevitable una progresiva pérdida de legitimidad por parte de ese Estado al que el grueso de la población percibe como una fuente sistemática de discriminación e injusticia.

Ese es el motivo de la creciente informalización de la vida y de la economía que, unos más y otros menos, han experimentado todos nuestros países. Si la legalidad se convierte en una maquinaria para beneficiar a algunos y discriminar a otros, si sólo el poder económico o político garantizan el acceso al mercado formal, es natural que quienes no tienen ni uno ni otro trabajen al margen de las leyes y produzcan y comercien fuera de ese exclusivo club de privilegiados que es el orden legal. Las economías informales parecieron durante mucho tiempo un problema en América Latina. No lo son, sino, más bien, una solución -primitiva y salvaje, sí, pero una solución-al verdadero problema del mercantilismo, esa forma atrofiada e injusta del capitalismo derivada del sobredimensionamiento estatal. Porque esas economías informales son la primera manifestación habida en nuestros países-y es significativo que ellas sean una exclusiva creación de los marginados y los pobres-de una economía de libre competencia y de un capitalismo popular.

Este es seguramente el más arduo reto que tiene la opción liberal entre nosotros: adelgazar drásticamente el Estado, ya que ésa es la mejor y más rápida manera de tecnificarlo y de moralizarlo. Se trata de mover montañas, nada menos. No solamente de privatizar las empresas públicas, devolviéndolas a la sociedad civil de la que fueron confiscadas, de poner fin al reglamentarismo kafkiano y a los controles paralizantes y al régimen de subsidios y de concesiones monopólicas y, en una palabra, de crear genuinas economías de mercado, de reglas simples, claras y equitativas, en la que el éxito y el fracaso no dependa del burócrata sino siempre del consumidor. Se trata, sobre todo, de desestatizar unas mentalidades acostumbradas por la práctica de siglos-pues esta tradición se remonta, más allá de la colonia, hasta los imperios prehispánicos colectivistas en los que el individuo no existía o era, apenas, una sumisa función en el engranaje inalterable de la sociedad-a esperar de algo o de alguien-el emperador, el rey, el caudillo o el gobierno-la solución de sus problemas, una solución que tuvo siempre la forma de la prebenda o la dádiva. Sin esa desestatización de la cultura y la psicología latinoamericanas, el liberalismo será siempre letra muerta en nuestros países. Debemos recobrar una independencia mental que hemos venido perdiendo a causa del parasitismo y la pasividad servil que engendran el rentismo, las prácticas mercantilistas inveteradas. Sólo cuando a esta actitud la reemplace el convencimiento de que la solución de los problemas básicos del bienestar y la cultura es, ante todo, responsabilidad prop¦a, reto al esfuerzo y la creatividad de cada cual, la opción liberal habrá echado raíces profundas y comenzará a ser realidad la revolución de la libertad en América Latina.

Esta revolución significa la reforma y el perfeccionamiento de nuestro sistema democrático y el establecimiento, en vez del capitalismo mercantilista que tenemos, del capitalismo a secas, es decir, aquel que se asienta en la propiedad privada y el mercado competitivo y es eminentemente popular. Sobre esto hay que ser claros: el liberalismo es inseparable del sistema democrático-como régimen civil, de poderes independientes, libertades públicas, político, derechos humanos garantizados y elecciones-y del mercado libre como sistema para la asignación de los recursos y la creación de la riqueza.

Si en la defensa de la democracia, la opción liberal tiene una coincidencia total con corrientes y doctrinas como la social democracia, el social cristianismo y los partidos conservadores no autoritarios, sus diferencias con ellos tienen que ver, básicamente, con el mercado, en el que todas ellas justifican distintos grados de interferencia y manipulación estatal-para contrarrestar las desigualdades y desequilibrios económicos y sociales-en tanto que el liberalismo sostiene que mientras más desinhibido y menos perturbado funcione el mercado más pronto se derrotará a la pobreza y al atraso y se logrará sobre bases más firmes, la justicia social.

Este es un tema delicado, que requiere muchas precisiones para evitar malentendidos. "Justicia social" no quiere decir igualitarismo desde la perspectiva liberal. Desde una perspectiva socialista y colectivista, en cambio, muchas veces, sí. Los liberales creen que la justicia social consiste en crear una igualdad de oportunidades para todos, en garantizar un mismo punto de partida para cada ciudadano a la hora de entrar en aquello que se designa con esa terrible metáfora: la lucha por la vida. Pero no creen que la igualdad deba significar un mismo punto de llegada, igualdad de ingresos y de patrimonio. Y no lo creen porque esa forma de igualitarismo-socialista, colectivista-significa siempre- como ha venido a demostrarlo, de manera apabullante, el desplome del comunismo en Europa del Este y en la Unión Soviética-una forma más profunda de injusticia y sólo se alcanza con el sacrificio total de la libertad.

Pero una cosa es aceptar una desigualdad económica que resulte de las diferencias de esfuerzo y de individuales, del éxito o el fracaso derivados de una limpia competencia-principio insoslayable de la filosofía liberal-y otra, muy distinta, la que es consecuencia de la discriminación y el privilegio congénitos a un sistema, como es el caso de los países latinoamericanos. Entre nosotros, la igualdad de oportunidades es una meta remota y difícil de alcanzar, pues para llegar a ella hay que reformar de manera radical nuestras instituciones y nuestras costumbres. Y ello implica desde la reforma del Estado hasta una revolución en la cultura, que destierre los prejuicios raciales y sociales que tienen todavía una pugnaz supervivencia en nuestras sociedades.

¿Cuál es el camino más corto para lograr en América Latina esta "igualdad de oportunidades" que, con la defensa de la libertad, es el fundamento del liberalism? No hay una receta única, desde luego, y en esto, como en muchas otras cosas, los liberales defienden tesis distintas y a veces opuestas. Naturalmente, la educación es una de las herramientas básicas para llegar a aquella meta. Algunos liberales creen que ella debería ser totalmente privada y otros que, junto a la privada, debe seguir existiendo una enseñanza pública. Pero, en realidad, eso es lo de menos. Lo importante es que el sistema educativo sea tal que todos tengan acceso a él y que las diferencias de fortuna y posición social no determinen de manera automática que unos jóvenes reciban una formación escolar, universitaria y profesional de alto nivel y otros una deficiente. Eso es lo que ocurre ahora entre nosotros y ésa es una de nuestras peores injusticias: el niño o joven acomodado recibe siempre una educación muy superior al niño o joven de familias de modestos ingresos. Ello establece, de entrada, una desventaja casi siempre insuperable para este último a la hora de buscar trabajo o aspirar a una posición social.

Sin embargo, por sí misma, una reforma liberal del sistema educativo que garantice a todos por igual la posibilidad de una formación de alto nivel, no es suficiente para crear aquel mismo punto de partida en cada generación, en cada promoción. Y no lo es porque, en países como Perú, Bolivia o Nicaragua-para citar sólo tres casos extremos- las desigualdades y desequilibrios económicos son tan enormes entre unos y otros, y la pobreza de los pobres tan extrema, que, en la situación de marginación y postración en que la mayoría de ellos se encuentran, dificilmente podrían aprovechar de manera cabal aquella oportunidad educativa si ella existiera.

La igualdad de oportunidades sólo puede significar, para ellos, reforma económica y social. Esto lo entienden los socialistas-y a veces muchos social demócratas y social cristianos-en el sentido del despojo y la redistribución de la propiedad existente. Para la doctrina liberal esto es inaceptable, porque para ella la propiedad privada es la encarnación misma de la noción de libertad, de soberanía individual, de independencia del individuo frente al poder. Si ella no se respeta, si es atropellada, un centro neurálgico de la democracia es malherido.

Pero, precisamente, si la propiedad privada tiene esa importancia crucial para la salud democrática de un país, ninguna sociedad en la que -como ocurre en América Latina-la propiedad privada está concentrada en pocas y a veces poquísimas manos puede ser de veras democrática. La solución no está en abolir la propiedad privada, como creen los marxistas, sino, más bien, en extenderla, en propagarla, en facilitar el acceso a ella cada vez a sectores más amplios de manera que con ella más y más ciudadanos adquieran un sentido concreto y estimulante de su libertad.

Hay liberales irreductibles para los que este proceso de popularización de la propiedad privada sólo debe ser obra del mercado. Otros creemos que en países donde la desigualdad económica es tan atroz como en los nuestros, el mercado tardaría mucho tiempo, acaso siglos, en democratizar la propiedad privada poniéndola al alcance del mayor número. Y que un gobierno de corte liberal puede acelerar aquel proceso de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, llevando a cabo la privatización de las empresas públicas con un criterio eminentemente social , es decir, dando todas las facilidades y preferencias, para la adquisición de acciones en aquellas empresas, a empleados, obreros y, en general, a los ciudadanos de menos imgresos. Hay muchas otras maneras como un gobierno puede alentar y acelerar la difusión de la propiedad privada, urbana y rural. La privatización del seguro social en Chile, por ejemplo -la llamada reforma previsional que impulsó José Piñera- ha sido una de ellas, y muy exitosa.

En todo caso, si hay una razón o circunstancia que justifique un esfuerzo extraordinario por parte del Estado en la vida económica es éste: la difusión popular de la propiedad privada. Porque sólo cuando ella, en forma de bienes o de acciones, se haya multiplicado hasta alcanzar a la inmensa mayoría, se habrán echado las bases de aquella "igualdad de oportunidades" que, aunque muchos lo olviden, es, al igual que la libertad, objetivo básico de la doctrina liberal.

Para una versión estereotipada -pero muy extendida- liberalismo quiere decir y mercado y nada más. En verdad, antes que eso, quiere decir libertad económica y política, propiedad privada e imperio de la ley. De esto último casi nadie se acuerda y, sin embargo, de John Stuart Mill y Adam Smith a Popper, Hayek y Raymond Aron, entre tantas ideas y posiciones que los separan, probablemente en la única en que coinciden totalmente sea ésta: que el requisito primero e inapelable para que funcione el mercado-es decir, la democracia-es la existencia de un poder judicial eficiente, independiente de todo otro poder y sobre todo probo, al que pueda recurrir el más humilde de los ciudadanos con la seguridad de que se le hará justicia si sus derechos han sido violados. La grandeza de Gran Bretaña en el siglo XIX se debió no tanto a sus capitanes de industria y a sus exploradores y soldados, como a esos jueces oscuros, tocados de pelucas ridículas, que con su proceder fueron enseñando al pueblo entero que la ley regía lo mismo para pobres y ricos, y que un tribunal podía sancionar al poderoso ni más ni menos que al modesto, y que podía también reparar las grandes y las pequeñas injusticias.

Para que la libertad económica no signifique-según la metáfora de Isaiah Berlin- que los lobos tienen derecho a comerse a los corderos, debe de haber leyes justas y, más importante todavía, jueces justos; jueces capaces de resistir las presiones del poder político y las tentaciones del poder económico y las amenazas del poder militar o policial y las del revolucionario y terrorista; jueces conscientes de que sobre ellos pesa la inmensa responsabilidad de garantizar a diario, en cada caso contencioso que cae en sus manos, esa "igualdad" de la que hablan las leyes y que, sin una justicia eficaz, es letra muerta.

Tal vez en ningún otro orden, como en este del juez y de los tribunales, está América Latina aún tan lejos de ser una sociedad democrática y liberal. Porque en nuestros países el Poder Judicial es casi siempre una caricatura. Instrumento de quienes gobiernan, que cambian, manipulan y teledirigen las sentencias a su capricho, a menudo los tribunales subastan sus fallos entronizando de este modo una forma de discriminación social tanto o más grave que las que las diferencias de fortuna establecen en la cultura, el trabajo, la educación. Y la escasa o nula capacitación de los magistrados, sumada a la lentitud pavorosa con que se desarrollan los procesos, hace que el Poder Judicial, desde la perspectiva del hombre común latinoamericana sea-en vez de aquello que deberia ser: uno de los vehículos más efectivos de la justicia social, garante de la igualdad de oportunidades para todos-uno de los más crueles instrumentos de la opresión y abuso del débil por el fuerte.

Reformas tan profundas como las que América Latina necesita en la economía, en la educación, en la justicia, simplemente no serán posibles, ni durables, si no las acompaña, o precede, una reforma de las costumbres, de las ideas, de ese complejo sistema de hábitos, conocimientos, imágenes y formas que llamamos "la cultura". La cultura en la que vivimos y actuamos, hoy, no es liberal y ni siquiera del todo democrática. Tenemos gobiernos democráticos pero nuestras instituciones y nuestros reflejos y mentalidades aún están lejos de serlo. Siguen siendo populistas u oligárquicas, o absolutistas o colectivistas o dogmáticas, mechadas de prejuicios sociales y raciales, y muy poco tolerantes para con el adversario político, amantes de las verdades absolutas, es decir, de una de las peores formas del monopolio, que es el de la verdad. Liberal y liberalismo es lo contrario de todo eso. Es tolerancia, creer en la relatividad de las verdades, estar dispuesto a rectificar el error y a someter siempre las ideas y las convicciones a la prueba de la realidad. Por eso el liberalismo es una filosofía, una doctrina, no una ideología. Porque ideología es una forma dogmática e inmutable de pensamiento -algo que tiene macho más de religión que de ciencia-y la filosofía liberal, además de pluralista, es también cambiante, un sistema flexible que va modernizándose y perfeccionándose al compás de los avances del conocimiento y la experiencia vivida.

Aunque aún está lejos de ella, América Latina es en este momento una tierra propicia para la opción liberal. Esta opción no es moderada: es radical. Pues si no se va a la raíz de los problemas, a solucionarlos allí donde ellos nacen, la solución será efimera, como lo han sido todas las que hasta ahora han pretendido sacar a América Latina del subdesarrollo. Como la propuesta liberal está contra el colectivismo y el estatismo, que han sido siempre las recetas de la izquierda a los males sociales, se la tilda de derechista. Eso tampoco tiene importancia porque las categorías "derecha" e "izquierda" se han vaciado casi totalmente del contenido que alguna vez tuvieron, sobre todo después del desplome del comunismo en la Unión Soviética y en los países que antes dominó. La historia actual ha dado una impresionante convalidación a la frase de Malraux: "Quelle étrange époque, diront de la nôtre les historians de l'avenir, oú la droite n'était pas la droite, la gaucbe n'était pas la gauche et le centre n'était pas au milieu".

Pero una cosa sí es segura: la opción liberal no es conservadora. Más bien, la de la transformamón profunda de Las sociedades latinoamericanas tal como existen. Lo ha dicho, con su habitual lucidez, Jean­François Revel: "Como el liberalismo, sea económico, político y cultural, no puede desarrollarse en Europa y América Latina sin trastornos, ya que estos continentes fueron modelados, a lo largo de los decenios y tal vez los siglos, por el estatismo, el dirigismo, el socialismo, el corporatismo, tanto en la práctica como en la ideología, los liberales no son pues allí, en mode alguno, conservadores, en el sentido literal, sino reformadores: renovadores de los hábitos establecidos y las ideas recibidas. Más bien, deberían ser llamados revolucionarios".

Sí, la alternativa liberal supone una revolución para este continente nuestro de las esperanzas siempre postergadas. Una revolución que purifique este vocablo de esas connotaciones de sangre, muerte, demagogia y dogmatismo que tiene entre nosotros y lo impregne de ideas, creación, racionalidad, libertad política, pluralismo político y legalidad.

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Datos del creador

  • Ignacio Muñoz Delaunoy
  • Oriundo de RM, Chile
  • Este blog fue creado para desarrollar un trabajo colaborativo con los alumnos del curso "Chile contemporáneo" de la universidad Finis Terrae.
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