« Home | Unión Demócrata Independiente » | Prensa y transición » | Enlaces y deslices en el asesinato de Jaime Guzmán... » | El día en que Chile dijo No » | El tiempo presente en la Finis Terrae » | Allende se queda solo » | Programa de la Unidad Popular » | Programa del curso "Chile contemporáneo" » 

martes, octubre 04, 2005 

Allende y los militares

Durante su primer año de funcionamiento la Unidad Popular se anotó tanto victorias como derrotas. Fue capaz de poner en práctica una parte importante de su programa, cosa que pocos gobiernos pueden decir. La creación del Area de Propiedad Social, la profundización de la reforma agraria, la implementación de mecanismos masivos de redistribución, fueron realidades para el país. En los 1000 días de la Unidad Popular se había puesto en práctica más cambios de los que había conocido Chile a lo largo de toda su vida republicana, en distintos terrenos. Eso se había traducido en resultados electorales positivos en la elección municipal de abril de 1971. Pero junto con esta parte positiva se comenzaron a
evidenciar problemas serios. A fines de 1971 se registraron indicios de la crisis económica que estaba ad portas. El exitoso programa económico de la UP, en 1971,
parecía llevar al país a la catástrofe en 1972. No era claro como podría cumplirse con el resto del programa dentro del sistema institucional existente. Sectores de la extrema izquierda lo percibieron y se pusieron con decisión a impulsar un proceso de movilización de masas, con objeto de derrumbar al gobierno, que no tardó en cobrar vida propia. Movilización y violencia descontrolada que comenzaron a minar la postura de la fracción moderada e institucionalista de la UP, liderada por Allende. En 1972 el guevarismo comenzó a actuar sin embozo. Mientras el flanco de la izquierda comenzaba a erosionar la posición de los sectores moderados de la UP que lideraban el gobierno, se comenzaba a articular una oposición poderosa. Fue importante el acercamiento que empieza a tener la DC con la derecha, que transforma en imposible el acuerdo DC-UP que habría salvado al presidente Allende. Pero más importante todavía fue el desarrollo de un movimiento social-gremial de oposición que trascendió a los partidos de centro y derecha.

En octubre de 1972 un pequeño grupo de camioneros de Aysen iniciaron un movimiento de protesta, preocupados por los efectos que tendría la anunciada creación de una empresa estatal de transportes. Esta acción local logró lo que ninguna de las iniciativas de los partidos de izquierda y derecha había conseguido: la formación de un gran movimiento de masas, comprometido en la tarea de derribar al gobierno de la Unidad Popular.

Esta movilización logró paralizar el país, provocando una reacción por parte de las fuerzas vivas que apoyaban a Allende, en las barriadas poblacionales que rodeaban Santiago. En forma espontánea se constituyeron los llamados “cordones industriales”. Se trataba de organizaciones afirmadas en instituciones locales (juntas de vecinos, instituciones deportivas, etc), que se habían formado para defender al gobierno de la amenaza representada por el paro, para poner a funcionar las industrias que les daban trabajo. Se trataba de un movimiento poderoso, que no respondía a directrices políticas, que auguraba una etapa de mayor profundización del conflicto.

El presidente Allende sitió que la situación se estaba descontrolando. Con una economía por los suelos y una sociedad fisurada parecía muy difícil defender el camino evolutivo y democrático de construcción del socialismo.

La pérdida de apoyo entre los sectores moderados del país hacía augurar el colapso definitivo: las fuerzas del socialismo democrático podían ser superadas por un movimiento de masas controlado por los sectores más ultristas de la izquierda, o bien debido a la acción contrarrevolucionaria de una derecha golpista. El asunto venía por un lado o por el otro. Pero venía sin dudas. Allende estaba al tanto de la situación, quizás mejor que nadie. ¿Qué hacer para evitar una salida violenta a la crisis que vivía el país? El presidente aprovechó todas las cartas que tenía en su sombrero de mago. Luego de quemar sus últimos cartuchos, tuvo que apelar a la medida que ningún mandatario de vocación republicana querría usar.

El 2 de noviembre de 1972 el presidente Allende tomó la decisión de combatir el vacío de poder que se había creado sacando a los militares de sus cuarteles. Se había interrumpido una larga tradición de prescindencia política. Por razones bien fundadas. El nuevo gabinete cívico-militar asumió la misión de impulsar las decisiones que necesitaba el país, pero que un presidente de izquierda estaba impedido para adoptar. Se aplicó mano dura contra los gremios huelgistas, lo que permitió terminar con el paro. Se detuvo las tomas y las ilegalidades. Se restableción los sistemas de distribución del país, lo que permitió solucionar en parte el problema del desabastecimiento. Junto con eso, se organizó la elección parlamentaria que debía celebrarse en marzo del año siguiente.

La decisión de Allende de llevar a los militares a la política permitió a la Unidad Popular ganarse una sobrevida de algunos meses. Pero trajo consigo también algunos riesgos que se van a hacer manifiestos avanzado 1973: los salvadores de la vieja república en crisis se instalaron en un prolongado gobierno que se encargó de desmantelar todas las obras sembradas por Allende y su generación.

Para tener una visión crítica del papel de las fuerzas armadas durante el gobierno de Allende, recomiendo la lectura de “Todos seremos la historia: venceremos. Unidad Popular y fuerzas armadas” (Julio Pinto, et al., Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular, Santiago, Lom, 2005, pp.177-206). También te recomiendo leer las notas que Isabel Barrientos, alumna del curso de Chile Contemporáneo, durante el 2004. La gracia de su texto es que reporta lo que sucedió en el paro de octubre con pluma suelta de periodista:

El general Carlos Prat, como Ministerio del Interior, el contralmirante Ismael Huerta, en Obras Públicas y el general de Brigada Aérea, Claudio Sepúlveda, en Minería, se pusieron a disposición del presidente Salvador Allende para conformar un gabinete cívico-militar. Así, junto a dos dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), hicieron bajar instantáneamente la presión de los gremios.

Para el nuevo Ministro del Interior la presencia de las FFAA no implica “un compromiso político (de éstas), sino una colaboración patriótica en aras de la paz social”. En tanto, los dirigentes, por cadena voluntaria de emisoras, llamaron a suspender el paro y ordenaron la vuelta al trabajo, “por el interés supremo de Chile”, según definió León Vilarín dirigente de los transportistas, quien rechazó, hasta el último momento, la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia (OIR).

Con esta decisión se puso fin a octubre, el mes más largo y complicado para el gobierno Socialista. Pero lo sucedido, en que se paralizó por completo el país, fue el reflejo de muchos acontecimientos que se fueron sumando hasta concretar que el gobierno adoptara como una alternativa válida la incorporación de militares al poder.

Transportistas encienden la chispa

Todo se inició a las cero horas del día lunes 8 de octubre de 1972. Los miembros de la Confederación de transportistas iniciaban desde O’Higgins a Malleco, un paro indefinido. Su objetivo era protestar, porque las autoridades no habían resuelto los problemas que decían, afectaban a todo el gremio. León Vilarín había explicado con anterioridad que el paro comprometería sólo a unos 12.000 camioneros.

La protesta se dirigía, sobre todo, contra un proyecto aprobado por el Instituto CORFO-Aysén, el cual quería crear una empresa estatal que concentrara los transportes terrestres, marítimos y aéreos de la provincia.

La reacción del Gobierno no se hizo esperar y se concretó en una orden de detención contra cuatro dirigentes máximos del gremio paralizado: León Vilarín, Guillermo Satt, Jorge Álvarez y Eduardo López, acusados de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado.

La respuesta gremial, de solidaridad con sus jefes, sorprendió a todo el país: los 165 sindicatos de camioneros adheridos a la Confederación, con 40.000 miembros y 56.000 vehículos, se sumaron al movimiento inicial en un paro masivo que comenzó de inmediato a cumplirse con rigurosidad. Se sobrepasaría así la defensa de los transportistas para luchar por los derechos de toda a actividad privada, el “paro de vilarín” fue la chispa que desató una serie de sucesivas huelgas de adhesión. Se unían la Confederación de Comercio Detallista y de la Pequeña Industria, Federación de Sindicatos de Choferes de Taxi, Confederación de la Producción y el Comercio, y Confederación Nacional Única de la Pequeña Industria y Artesanado, entre otras.

El Gobierno respondió nuevamente y trece provincias fueron declaradas Zonas de Emergencia. El subsecretario de Interior, Daniel Vergara, anunció requisamiento de vehículos, intervención de empresas y movilización general de los trabajadores. En San Felipe, la DIRINCO requisó 300 camiones. Los huelguistas detenidos sobrepasaban los 400.

“Camión que sea requisado, no será devuelto a su propietario”, advirtió el Presidente de la República al país el 13 de octubre.

Desconcierto total

El carácter netamente gremial de los paros se reflejó en el desconcierto con que fueron acogidos por los partidos de oposición. El Partido Nacional (PN) y la Democracia Radical hicieron causa común con los huelguistas casi de inmediato. La Democracia Cristiana (DC), vacilante en un comienzo, tomó la misma línea gracias a la intervención personal y prolongada de Eduardo Frei. “Hay un golpe de estado en marcha”, acusaba el senador Luis Corvalán (PC) y sus ataques se centraron en Frei.

Cuando el paro de los camioneros entraba en su sexto día, seguía siendo total. Según sus dirigentes, el cierre de negocios alcanzaba a un 80% en la capital y a un 90% en el resto del país. El propio Allende reconocía que sólo un 35% de los negocios había abierto sus puertas, la primera jornada.

Los cuatro jefes máximos del gremio camionero permanecían en la cárcel, y siete directivos del comercio eran arrestados. Ellos enfatizaban que no transarían con el gobierno en algunos puntos de su causa de lucha: apoyo a la Radio Agricultura de Los Ángeles, clausurada por el Gobierno, y rechazo a cualquier intento de estatizar la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) Los partidos políticos opositores, que formaban la Confederación Democrática (CODE), solidarizaban públicamente con esta postura de los transportistas.

Por orden de la jefatura de la Zona de Emergencia, fue clausurada seis días la Radio Nuevo Mundo, de Santiago, se implantó cadena nacional obligatoria de radioemisoras hasta nuevo aviso, se advirtió que se procedería al requisamiento de los locales comerciales que no abrieran sus puertas al día siguiente, se requirió a normalizar la situación del transporte a partir de esa misma fecha y se reiteró a la ciudadanía que las manifestaciones callejeras estaban prohibidas.

Los funcionarios de la DIRINCO, se empeñaban en descerrajar los negocios cerrados, los transeúntes se opusieron, protagonizando agitados incidentes en el centro de la capital. La solución del Ministerio del Interior fue invocar la Ley de Seguridad de Estado y presentar querellas, en esta oportunidad, contra la Confederación del Comercio Detallista de Chile.

“Nada ni nadie nos hará echar pie atrás en la lucha, ni siguiera la cárcel”, dijo León Vilarín mientras quedaba en libertad bajo fianza, al igual que otros dirigente de su gremio. Y refiriéndose a la resistencia en el país señalaba “Los gremios han entendido la trascendencia y la importancia de ser libres”.

Después de ocho días, el conflicto se había hecho universal: más de 50 gremios adherían al paro, Santiago estaba bajo toque de queda, dieciocho provincias en Estado de Emergencia y los disturbios callejeros continuaban.

El pliego de peticiones

Al día siguiente, el mismo Vilarín anunciaba “Estamos redactando el Pliego de peticiones de Chile a los poderes del estado”. Los parlamentarios de la CODE, por su parte, reafirmaban la ilegalidad de la cadena nacional y obligatoria de radios, y el Ministerio de Justicia enviaba un decreto a la Contraloría para cancelar la personalidad jurídica de la SOFOFA, en represalia por haber ésa llamado a la huelga a sus socios.

Los dirigentes máximos: Rafael Cumsille, Jorge Martínez, Guillermo Elton y Francisco Nicolini, ingresaban a la Cárcel Pública por presunta infracción a la Ley de Seguridad Interior y, al día siguiente, otros cuatro jefes del comercio eran detenidos. La capital y las principales ciudades del país eran escenarios de toda clase de violencia.

“El único responsable de las causas que han dado origen al conflicto y de la situación de crisis que estamos viviendo, es el Gobierno que preside el señor Salvador Allende”, acusaba la CODE en declaración pública. Sergio Onofre Jarpa, presidente del PN, agregaba: “Hemos pensado en una acusación constitucional contra Allende, para dar al pueblo la oportunidad de elegir libremente un nuevo gobernante”.

En tanto, el pliego constaba de siete capítulos de exigencias y un anexo con las “medidas inmediatas y definidas en bien de la Patria que se deben adoptar”. Las exigencias del documento eran largas, entre ellas, figuraban el desistimiento inmediato de todas las querellas del gobierno generadas durante el paro, la reposición en sus funciones de cualquier trabajador despedido, la devolución de los bienes requisados o intervenidos, el fin a la cadena de radioemisoras (declarada ilegal por la Contraloría), el alzamiento de las clausuras a estaciones radiales, la promulgación de la reforma constitucional que fijaba las tres áreas de la economía, reforma bancaria, desechando la Banca Única, que era el objetivo final de la Unidad Popular (UP), participación de los gremios en la planificación de la economía, etc.

El quinto punto del pliego pedía “seguridad en los lugares de trabajo y término de la violencia” y abordaba los problemas de los grupos armados y de los extranjeros extremistas”. Coincidiendo, fue publicada en el Diario Oficial, y entró en vigencia, la Ley de Control de Armas, según ésta sólo las Fuerzas Armadas tendrían tuición sobre todo el armamento que existiera en el país.

El país, mientras tanto, seguía totalmente paralizado. Analizando las causa de esta crisis, el ex presidente Eduardo Frei habló a través del Canal 13 de TV, a su juicio el movimiento de protesta gremial se debía “a la desesperación y la angustia de un pueblo que ve comprometidas las bases sobre las cuales sustenta su vida presente y su futuro”.

Radios abandonan las cadenas

El problema de la cadena OIR, impuesta a las radioemisoras santiaguinas, alcanzó su punto álgido. Cinco radios de Concepción se habían evadido de su propia cadena, siendo clausurada por el Jefe de Plaza, general Evaldo Rodríguez. En santiago, a las 20:30 horas del lunes, las radios Agricultura, Balmaceda y Yungay abandonaron las cadenas, comenzando cada una su transmisión propia.

El Gobierno reaccionó violenta y rápidamente. Primero les cortó la electricidad, pero siguieron en el aire con sus equipos de emergencia. Entonces llegaron a las plantas funcionarios de OIR y retiraron los “cristales”, que dan la onda específica y permiten la salida al aire. El gesto de las emisoras rebeldes fue castigado con seis días de clausura, sirvió para subrayar la precariedad de la libre expresión radial y para dejar en claro que la cadena se basaba en el decreto declarado ilegal por la Contraloría, y no en la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Así, entró el país, de norte a sur, al “Día del Silencio”, decretado por la CODE, como una nueva expresión de repudio al Gobierno de Salvador Allende. Sin embargo, el presidente, declaraba ese mismo día, por cadena nacional de radioemisoras y canales de TV: “El país no se ha paralizado”.

Negociación...y solución al paro

A fines de octubre, el presidente inició contactos oficiales con voceros autorizados de camioneros y comerciantes, para buscar una solución. Pero, simultáneamente, otras radios de la capital, Minería y Santiago, eran clausuradas por seis días, el paro del comercio tenía el 97% de sus locales cerrados en Santiago y absoluta disciplina en el resto del país, según sus directivos. Ocho de los cuales eran detenidos en Coquimbo y San Felipe. Hubo, de nuevo, violencia en el centro de Santiago, hasta el punto de hacerse necesaria la actuación de efectivos militares.

“La solución está exclusivamente en manos del Presidente de la República. Él es el único responsable”, declaraba Eduardo Arraigada, presidente del Colegio de Ingenieros. Allende por su acostumbrada cadena nacional de radio y TV, expresaba que había desahuciado la próxima reunión suya con los gremios en conflicto, porque el “Pliego de Chile”, contenía puntos políticos que él no podía aceptar. “El gobierno no está en interdicción”, dijo.

Sin embargo, este 2 de noviembre, el gobierno, luego de conformar el gabinete cívico-militar, estima el daño económico en unos 200 millones de dólares, equivalente al 5% del Producto Nacional Bruto de Chile. Además, de dio claras señales de investigar de dónde obtuvieron los dineros los sectores que intentaron desestabilizar el gobierno de la UP. En tanto, para los huelguistas su triunfo lo lograron, con la instauración del nuevo ministerio y con ello el rompimiento del íntegro control del Gobierno entrando a actuar, en una evidente calidad de árbitros, las Fuerzas Armadas.

Links to this post

Crear un vínculo